Dolor de nicaragüenses como insumo para la toma de decisiones en 46° período de sesiones de Naciones Unidas

En el marco del cuadragésimo sexto período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que comienza el 22 de febrero próximo en Ginebra, se realizó este jueves un foro virtual sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua, en el que participaron víctimas de la violencia estatal y relatores especiales.

Durante la sesión, el Consejo revisará informes sobre una variedad de cuestiones de derechos humanos y se espera que haya una resolución sobre Nicaragua.

Entre las expositoras del foro estuvo Telma Montenegro, integrante de una familia opositora originaria del Municipio de Wiwilí en Jinotega, que han padecido la cruenta violencia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes señalan como los responsables de los asesinatos atroz de los hermanos Oliver y Edgar Matamoros; además del asesinato de Francisco Luis Blandón, esposo de Telma.

La cacería y exterminio de los Montenegro

Telma, quien describió a su familia como antisandinista y activa en el ejercicio de una ciudadanía crítica, denunció que haberse integrado asumiendo un rol de liderazgo a las protestas tras el estallido social de abril de 2018, generó una cacería y exterminio contra los Montenegro, recordando que dos de los más jóvenes e hijos del primer asesinado (Oliver Montenegro) son en la actualidad prisioneros políticos del régimen.

“Nosotros como familia opositora, como familia campesina no tenemos acceso a los servicios de salud. Todo este calvario nos ha dejado serias secuelas, tenemos niños con trastornos emocionales, tenemos jóvenes con necesidades de atención mental (…) Y no podemos aspirar a conseguir ayuda en salud, tenemos que hacerlo por nuestros propios medios trasladarnos desde la montaña hasta la ciudad”.

Esta familia está sometida y condenada además a un aislamiento social. “Las personas, nuestras amistadas, nuestros vecinos son amenazados cuando se acercan a brindarnos su solidaridad, su ayuda”, denuncia Telma.

Aunque persiste la “tortura cruel” hacia la familia Montenegro, Telma sostiene que salvaguardan sus vidas, pero manteniendo la denuncia pública como un derecho a que su clamor sea escuchado. “Por nuestros difuntos no vamos a callar”, asegura.

Thelma Montenegro, aboga por una nueva resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua.

“Este dolor queremos ponerlo a disposición para que pueda servir como insumo para la reflexión y toma de decisiones a las personas que les corresponde tomar medidas en nuestro país (…) por tanto pedimos una mirada y un accionar contundente hacia nuestro país. No podemos permitir que esta historia de impunidad eduque a las nuevas generaciones”

No olvidar la situación de los pueblos indígenas

El compromiso de la comunidad internacional también fue clamado por la defensora de derechos humanos Lottie Cunningham, quien señaló que a medida que el espacio cívico y las garantías democráticas se cierran, en Nicaragua se agudiza también el despojo territorial y el patrón de violencia sistemática y generalizada contra quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas.

Cunningham, recordó que en 2020 se contabilizaron al menos 13 asesinatos, ocho personas heridas en ataques armados, dos secuestros y el desplazamiento forzado de una comunidad, para un total de 49 indígenas asesinados desde 2011.

Producto de la violencia, cometidas por civiles armados con la anuencia estatal se estima que tres mil personas indígenas miskitu se encuentran desplazadas forzosamente en otras comunidades y cabeceras municipales, así como en comunidades fronterizas.

La impunidad ha sido propicia para que los ataques a los pueblos indígenas continúen sin reparo de justicia. A esto se suma la depredación de recursos naturales que de acuerdo a Cunningham es alentada por el gobierno de Nicaragua a partir de incentivos a industrias como a la minería, la explotación forestal, la ganadería extensiva y los monocultivos.

El trabajo de defensa de los derechos indígenas es amenazado por la recién aprobada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que formaliza barreras administrativas y burocráticas para impedir el buen funcionamiento de organismo nos gubernamentales como El Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), que dirige Cunningham.

De acuerdo a Cunningham, CEJUDHCAN continua bajo el riesgo de perder su personería jurídica ante la negativa del Ministerio de Gobernación de entregar la constancia de cumplimiento y la certificación de la junta directiva, lo que complica los trámites establecidos en la nueva ley.

Periodismo independiente última frontera de la libertad

El periodista y director de Radio Darío, Aníbal Toruño dijo que Daniel Ortega trituró todos los derechos constitucionales y estamos presenciando la última frontera de libertad antes que del apagón informativo que pretende lograr el régimen de Ortega y Murillo con la aprobación de leyes como la de ciberdelitos, de Agentes Extranjeros y cadena perpetua, “que destrozan la habilidad de los nicaragüenses de ejercer sus derechos humanos y las libertades fundamentales, y son una amenaza para elecciones justas y libre”.

Toruño, registra 125 asedios a Radio Darío, tres allanamientos ilegales a su domicilio en la ciudad de León en un ataque sistemático por silenciar la emisora que ha sufrido cinco destrucciones durante el gobierno de Ortega.

“Parece que me desarman a pedacitos para que Radio Darío no tenga capacidad de seguir funcionando”, enfatizó Aníbal Toruño.

Según Pedro Vaca, Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el deterioro de las libertades públicas en Nicaragua ha sido constante.

“En Nicaragua se está desplegando un dispositivo muy sofisticado de censura (…) La actividad parlamentaria en el país parece estar enfocada en erosionar el Estado de derecho”.

Por su parte el Relator Especial sobre el derecho a la reunión pacífica y de asociación, Clément Nyalestsossi, externó su preocupación ante el uso de fuerzas arbitrarias, la criminalización de opositores y periodistas; así como el ataque constante contra grupos de mujeres y activistas.

El Relator urgió al gobierno de Ortega permitir la entrada al país de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. También exhortó a suspender el combo de leyes que no están en correspondencia con estándares internacionales.

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