Más activistas interponen recurso de inconstitucionalidad contra reforma a la Ley de Aguas

La mañana de este miércoles 20 de enero, un grupo de mujeres se presentó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para introducir un recurso de inconstitucionalidad contra las reformas que está impulsando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a la Ley de Aguas; sin embargo, fueron rodeadas por un fuerte despliego policial.

Este grupo de mujeres son integrantes del denominado Movimiento Picos Rojos. Entre ellas estaba la activista Violeta Granera, Mirna Moncada, Marlen Chow y Rosa Bernheim quienes por medio de este recurso intentan condenar las acciones de la dictadura que no respeta los derechos medio ambientales y el derecho de los nicaragüenses al vital líquido.

Dichas reformas a la Ley General de Aguas permiten que la familia presidencial otorgue licencias de concesiones a empresas privadas, para que estos sean los responsables del servicio de agua y saneamiento en las zonas que dispongan. Dichas reformas entraron en vigor el 23 de noviembre de 2020, haciendo caso omiso a las observaciones de los movimientos ambientales y a expertos en el tema.

El recurso por inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley de Agua, presentado en la CSJ por integrantes de la organización Picos Rojos, refuta que aunque los diputados intentaron aparentar con sus argumentos que estaban aprobando una reforma secundaria, “con el trillado discurso de la  modernización, buscando una supuesta optimización de recursos económicos y financieros en este sector; lo que realmente hicieron fue trastocar la visión integral de una ley 620 que armoniza el derecho humano al agua con la participación ciudadana, la conservación de los recursos hídricos con la actuación responsable de productores, pobladores, autoridades locales, regionales y nacionales. Por la naturaleza de las reformas se conoce que la intención es convertir a los agentes económicos privados en los actores claves de la Autoridad Nacional del Agua”, se lee en el documento presentado.

De acuerdo al grupo de las Picos Rojos, la reforma muestra tal concentración de funciones y de poderes que representa un serio peligro para el funcionamiento transparente de todas las competencias otorgadas en nombre de la “modernización”; y en un contexto donde se eliminan los derechos de participación de usuarios, pobladores, productores y diversos actores de la sociedad civil.

Cabe destacar que este no es el primero recurso de inconstitucionalidad presentado por los ciudadanos, pues la expresidenta de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), Ruth Selma Herrera en compañía de tres mujeres profesionales, también, entregaron un recurso el pasado siete de enero.

“Decidimos ir a interponer este poner recurso, hoy siete que regresó la Corte Suprema de vacaciones. Aquí tenemos copia del recurso que hemos interpuesto y les presentamos el registro que nos han dado y obviamente, además de lo que establece la ley presentamos La Gaceta, nuestra cedula, cuatro ejemplares que le quedan a ellos y uno a nosotras”.

Herrera detalló, en ese momento, que interponían un recurso de inconstitucionalidad porque en Nicaragua en el año 2007, contaban con una “magnífica ley”, pero con las nuevas reformas les quitan a los nicaragüenses La seguridad de tener un marco jurídico que les permita conservar los recursos hídricos, las fuentes de agua, tanto subterráneas como es superficiales; así como, les arrebatan el derecho de participación ciudadana.

“Hemos invocado en esta argumentación todos aquellos artículos que viola esta reforma. Los artículos constitucionales el número 60, el número 80, el 102, el 105, el 50 y hay otros artículos que cualquier jurista puede encontrar suficientes argumentos para contraponer esa reforma con la Constitución misma”.

Herrera concluyó que, aunque los Artículos 4 y 5, detallan que no se va a privatizar el agua, es solo “papel mojado” porque el andamiaje de la ley contra dice dichos artículos y estos quedan como declarativos.

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