La Asociación Médica Nicaragüense, organización que aglutina a profesionales de la salud de todas sus ramas, emitió un comunicado, en el que pide a las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa), mejores condiciones laborales que garanticen la protección de médicos, enfermeras y demás trabajadores de la salud, para evitar el contagio por Covid-19.

“Demandamos al Ministerio de Salud, como órgano rector, se nos garanticen todos los elementos de bioseguridad (Equipos de Protección Personal, EPP) así como la debida capacitación en el uso de las mismas, según los lineamientos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dispuesto para este fin”, dice el comunicado.

Esta demanda ocurre bajo el contexto de una pandemia global, un nuevo virus surgido en China que ha contagiado a más de un millón de personas alrededor del mundo y mientras distintos países toman medidas de salud para proteger a su población.

En cambio, el régimen de Daniel Ortega, ha desacatado las orientaciones dadas por la OMS, haciendo llamados a concentraciones masivas y prohibiendo a los médicos usar equipo de protección para “evitar que haya temor” en la población.

“Hacemos un llamado apremiante para que cuidemos a los médicos y profecionales de la salud y todo el personal comprometido con la atención de esta emergencia sanitaria, así como a sus familias”, continúa el comunicado.

“Nos inquieta aún más saber, que ya podría haber contagios de Covid-19 entre médicos y personal de salud”, resaltaron.

Destitución de médicos

Las demandas hechas públicas el día de hoy, ocurren cuando se conoció del despido del doctor, Miguel Ángel Orozco, director del Centro de Investigaciones y Estudio de la Salud (CIES) de la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua).

El despido de Orozco se da por razones aún desconocidas, pero dicha destitución ha causado alarma en organismos de derechos humanos del país.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), advirtió que “esta acción impulsada por el desgobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en medio de una pandemia, es una arbitrariedad, una acción irresponsable. No solo se está atropellando el derecho individual al trabajo y el derecho a ejercer la profesión, si no, que se está privando el criterio científico al pueblo de Nicaragua”.

El organismo de derechos humanos, también demandó “la reintegración de estos profesionales de la salud al CIES” y pidió explicaciones públicas sobre el “por qué fueron destituidos”.

Por su parte, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) ha denunciado sobre el poco presupuesto asignado a la salud en Nicaragua y que, en su lugar, el régimen de Daniel Ortega ha asignado grandes sumas de dinero a las fuerzas represivas (Policía y Ejército).