Nicaragua sufre “represión política incompatible con el Estado de derecho”, denuncia la Corte IDH ante la OEA
La jueza de la Corte, Nancy Hernández, calificó el desacato de “una violación estructural en el orden jurídico interamericano que requiere de una respuesta coordinada, legítima y proporcional” de parte de la OEA.
La sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos este 23 de abril de 2025, en la sede de la organización en Washington, D.C.
La jueza y presidente Nancy Hernández López, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), compareció ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar “la situación de desacato permanente” por parte del Estado de Nicaragua en cuanto a medidas de protección dictadas a favor de unos 122 nicaragüenses.
La transmisión de Hernández tuvo lugar en una sesión ordinaria del Consejo este miércoles, 23 de abril. Se basa en una resolución de la Corte IDH, emitida el pasado 9 de abril, en la que se reitera “la persistencia de una situación de extrema gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable que enfrentan las personas beneficiarias” en el asunto Juan Sebastián Chamorro y otros contra el Estado de Nicaragua.
La Corte IDH emitió 19 resoluciones de medidas provisionales entre junio de 2021 y marzo de 2025 para “proteger la vida y la integridad personal de cientos de personas que enfrentan graves violaciones de derechos humanos” a manos del régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
Hernández reconoció que todavía quedan al menos 15 personas “privadas de libertad en condiciones extremas con consecuencias gravísimas para sus derechos fundamentales” en Nicaragua, constatando que sus privaciones no responden a finalidades penales legítimas, “sino que se enmarcan en una lógica de represión política incompatible con los estándares del Estado de Derecho“.
La jueza enfatizó la práctica del régimen sandinista de desterrar a centenares de individuos, así como de la represalia que supone negarles documentos relevantes: revocación de nacionalidad; confiscación de propiedades; anulación de títulos de estudio y registros de nacimiento, entre otros. Esto incluye también situaciones de apatridia, y en colectivo la Corte lo denomina “muerte civil“.
Pese a la gravedad del contexto, el régimen sandinista no ha colaborado con ninguno de los procesos para determinar responsabilidad ni para aplicar las medidas provisionales de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El pasado 4 de febrero, en una audiencia pública sobre el tema, Nicaragua no participó ni presentó los informes requeridos.
“Esta conducta evidencia un incumplimiento abierto y sistemático de sus obligaciones internacionales“, que también ha demostrado ante otras instancias, como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del cual incluso se retiró a finales de febrero señaló Hernández.
Responsabilidades siguen vigentes
A pesar de que Nicaragua dejó la OEA al denunciar su causa constitutiva, un acto de desafío que tuvo efecto a finales de 2023. Sin embargo, Nicaragua no denunció la Convención americana sobre derechos humanos de 1969, por lo que sus responsabilidades siguen vigentes, como enfatizó Hernández.
Las diferentes delegaciones ante la OEA reaccionaron ante el reporte de desacato del Estado nicaragüense que, según Hernández, “erosiona directamente el tejido formativo y político sobre el que descansa esta organización“.
Países como Canadá, que trajo destacó la situación de desacato al proceso del Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas, se pronunciaron contra las violaciones a los derechos humanos perpetrados por el régimen Ortega-Murillo y en denuncia al desacato del régimen sandinista.
También países como Paraguay, Chile y la vecina Costa Rica se unieron al mensaje de Canadá. Alejandra Solano Cabalceta, representante permanente de Costa Rica ante la OEA, reiteró “el firme respaldo a la labor” de la Corte IDH, exigiendo el cumplimiento pleno de sus mandatos, y reiterando que la situación de desacato de Nicaragua es “un llamado urgente a la consciencia colectiva de la organización”.
“La Corte ha sido clara y contundente“, dijo Solano, e hizo un llamado al concepto de Garantía Colectiva, codificada en el artículo 65 de la Convención, la cual “habilita a los Estados a actuar cuando uno de los nuestros ignora de forma sistemática y deliberada las decisiones de este alto tribunal regional”.
El representante permanente de Chile, Sebastián Kraljevich Chadwick, igualmente respaldó la condena contra el desacato de Nicaragua. “Chile es parte de las delegaciones que solicitamos incluir este ítem (en la sesión)”, subrayó Kraljevich. Preguntándose “¿qué hacemos cuando el desacato de un Estado a este sistema interamericano que los propios Estados nos hemos dado deja a las víctimas en la más rotunda desprotección?”.
“Ahí no cabe otra cuestión que interrogarnos sobre qué hacemos y en esta materia la propia Corte y los propios instrumentos que nos hemos dado nos recuerdan la obligación de la garantía colectiva, que es el fundamento de esta presentación, y nos recalca que es asunto de todos los Estados del hemisferio, no sólo de quien desacata, el respeto de los tratados aplicables a los derechos humanos“, declaró.
La situación del desacato será llevada ante la Asamblea General de la OEA, que sesionará en junio de este año.
