EEUU limitará asilo a migrantes irregulares en su frontera con México
La medida anunciada por el presidente Joe Biden permitirá negar las solicitudes de asilo a quienes crucen de forma irregular hacia EEUU y cerrará efectivamente la frontera con México cuando el volumen de llegadas exceda la capacidad de procesamiento en los puntos de entrada.
Migrantes cruzan el Río Grande hacia EEUU desde México detrás de un alambre de púas y un letrero que advierte que es peligroso e ilegal cruzar, el 3 de enero de 2024, en Eagle Pass, Texas.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes que su gobierno limitará el asilo a los migrantes irregulares que intenten entrar al país, una medida que cerrará la frontera sur con México cuando las cifras de llegadas “excedan la capacidad” de procesamiento en los puntos de entrada “como ocurre hoy”.
“Estas acciones estarán vigentes cuando la frontera sur se vea abrumada y harán más fácil para los oficiales de inmigración expulsar rápidamente a las personas que no tienen base legal para permanecer en EEUU”, indicó la Casa Blanca en un comunicado.
Las restricciones entrarán en vigor de inmediato y se activarán cuando el promedio semanal de encuentros en la frontera supere los 2.500 diarios y se detendrá cuando los arrestos caigan por debajo de 1.500 por día, dijo un alto funcionario de la Administración, que habló con la prensa bajo condición de anonimato.
Sólo se harán excepciones con los niños no acompañados, las personas que se enfrentan a graves amenazas médicas o de seguridad y las víctimas del tráfico de personas, especificó el funcionario.
Está previsto que el presidente Biden se dirija a los medios a las 2:00 pm, hora de Washington.
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De acuerdo con el comunicado compartido con la prensa este martes, las nuevas disposiciones “no son permanentes” y se suspenderán cuando el número de cruces irregulares sea “lo suficientemente bajo” y permitan el procesamiento seguro y “eficaz” en los puertos de entrada.
Las directivas anunciadas por la Administración demócrata también incluyen una propuesta para garantizar la expulsión acelerada de migrantes que representan un riesgo para la seguridad, y un sistema para “resolver más rápidamente una parte de los casos de inmigración” de peticionarios de asilo.
Esto permitirá a la Justicia estadounidense establecer con rapidez a quienes no tienen base legal para permanecer en el país y ofrecer “protección a aquellos con reclamos válidos”. Sin embargo, agregó la Casa Blanca en el texto, esta reforma del “abrumado sistema de inmigración sólo puede crearse y ser financiado por el Congreso”, controlado por una escasa mayoría republicana.
El esperado anuncio llega en un momento en el que la inmigración se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los votantes estadounidenses de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo, en las que Biden aspira a la reelección.
El presidente busca frenar un repunte en las llegadas a la frontera sur, luego de que una mayoría de republicanos y varios demócratas rechazaron en el Congreso un proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza, que suscitó el rechazo abierto del exmandatario y principal candidato presidencial republicano, Donald Trump.
Después de alcanzar cifras récord en 2022 y 2023, las llegadas a la frontera sur con México han disminuido, según los datos oficiales más recientes. En abril de 2024, la Patrulla Fronteriza registró 128.900 encuentros con migrantes irregulares, un 6 % menos que en marzo de 2024 y una disminución de un 30 % que en el mismo período de 2023.
La nueva orden ejecutiva se apoya en una sección de la Ley de Inmigración estadounidense, conocida como 212 (f), que otorga una amplia autoridad a la Presidencia para bloquear la entrada al país de cualquier clase de inmigrantes que se considere “perjudicial para los intereses de EEUU”.
Esta provisión fue usada por Trump durante su mandato (2017-2020) como base para su política de “tolerancia cero” con los cruces irregulares y la prohibición de viajes a ciudadanos de siete naciones predominantemente musulmanas. El expresidente ha prometido “mano dura” con la inmigración si regresa a la Casa Blanca.
La Administración demócrata también recordó que ha impuesto sanciones a empresas colombianas de transporte dedicadas al tráfico de migrantes y restringido los visados a más de 250 nicaragüenses que incluyen funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega y sus familiares.
