CIDH extiende medidas cautelares a 8 presos políticos, incluido periodista Víctor Ticay
Estos presos políticos “no estarían en condiciones adecuadas de detención, sin acceso a atención médica pese a padecer de diferentes afectaciones de salud”, según detalla la solicitud ante la CIDH.
De izq. a der., de arriba a abajo: Olesia Muñoz, Víctor Ticay, Anielka García, Melba Hernández, Kevin Castillo, Jacqueline Herrera.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares en beneficio de 8 presos políticos del régimen sandinista de Daniel Ortega el pasado 30 de diciembre.
La Comisión considera que estos presos políticos “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua“.
Se trata de:
- Kevin Emilio Castillo Prado, originario de León. Se involucró en las protestas de 2018. Detenido en 2020 y acusado por supuesta tenencia de drogas. De la lista es quien lleva más tiempo en prisión.
- Víctor Jobelni Ticay Ruiz, periodista nandaimeño detenido el 6 de abril de 2023 mientras cubría una actividad religiosa que el régimen sandinista.
- Sergio Catarino Castiblanco Hernández, originario de Jinotega. Fue detenido el 22 de abril de 2023.
- Jacqueline de Jesús Rodríguez Herrera, pareja de Hernández, detenida en la misma fecha.
- Individuo de iniciales JECW
- Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, originaria de Niquinohomo, corista de música religiosa detenida el mismo día que Ticay.
- Anielka Lucía García Zapata, originaria de Chichigalpa, fue arrestada el 4 de abril de 2023.
- Melba Damaris Hernández, detenida el 28 de agosto de 2023.
“Las personas identificadas fueron privadas de libertad en un contexto de persecución y criminalización contra personas opositoras y críticas del al gobierno”, señala la solicitud difundida en la web de la Organización de Estados Americanos.
Asimismo, la solicitud a la CIDH denunció que “las personas identificadas no estarían en condiciones adecuadas de detención, sin acceso a atención médica pese a padecer de diferentes afectaciones de salud”, algo que han corroborado organismos independientes con antelación, así como la propia CIDH.
El Estado de Nicaragua no se pronunció al respecto, a pesar de que sus compromisos internacionales lo obligan a adoptar “las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias;” garantizar “que no sea objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o agresiones dentro de los centros penitenciarios” y “acceso a atención médica adecuada y especializada”, entre otros mandatos humanitarios.
