Consejo Europeo extiende sanciones contra el régimen sandinista por un año más

Por cuarto año consecutivo, el Consejo de la Unión Europea aprobó extender las sanciones en contra del régimen sandinista de Daniel Ortega por un años más este lunes, 9 de octubre. Este nuevo paquete de medidas restrictivas fue ampliado hasta el 15 de octubre 2024.

El Consejo así considera que “reafirma su compromiso con el pueblo nicaragüense y la defensa de la democracia” con esta medida, según difundió por medio de un comunicado.

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Las sanciones fueron introducidas en octubre de 2019 para “abordar la situación sociopolítica en deterioro” en el país luego de que el Consejo hubiese expresado en repetidas ocasiones su “preocupación” ante la crisis nacional iniciada a partir de abril de 2018.

La última vez que las sanciones se extendieron fue el 13 de octubre de 2022, hace casi un año, programadas a renovarse el 15 de octubre de este 2023, pero su aprobación fue adelantada.

Un total de 21 individuos y 3 entidades son objeto de estas sanciones que facultan a la Unión Europea a congelar los activos de los afectados que estén a su alcance, así como también prohíbe a ciudadanos y compañías europeas proporcionar fondos a los sancionados.

Las entidades sancionadas son la Policía Nacional, por su participación en la sistemática violación a los derechos humanos a partir de 2018; el Consejo Supremo Electoral, por su ejecución y coordinación de las farsas electorales que el régimen utiliza para legitimarse y que la Unión Europea ha condenado; y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), por su papel en la cancelación de medios de comunicación críticos al régimen.

Asimismo, entre los individuos sancionados se encuentran funcionarios sandinistas como Ramón Avellán, comisionado general de la Policía Nacional; Sonia Castro, ex-ministra de salud; Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional considerado “mano derecha” de Daniel Ortega; Francisco Díaz, director de la Policía Nacional y consuegro de Ortega (su hija, Nahima, dirige TELCOR y también figura entre los sancionados); y Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, entre otros.

Las sanciones buscan castigar a “personas y entidades responsables de serios abusos y violaciones en contra de los derechos humanos, o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como también de personas y entidades cuyas acciones, políticas o actividades socaven la democracia y el Estado de Derecho en el país“.

“La actual crisis política en Nicaragua debería resolverse a través de un diálogo genuino entre el gobierno y la oposición”, recomienda el Consejo.