¿Combatirá Trump al régimen en Nicaragua ahora que lo considera su “adversario”?
El Departamento de Estado considera al régimen sandinista de Nicaragua un “adversario” de la segunda administración Trump. ¿Se traducirá esto a una presión acrecentada contra la dictadura?
Aunque Trump personalmente no se ha pronunciado tan vehementemente contra las dictaduras de ultra-izquierda en Hispanoamérica, el Departamento de Estado bajo su Secretario, el cubano-estadounidense Marco Rubio, mantiene una política de adversidad.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó al régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que gobierna Nicaragua desde 2007, entre sus “adversarios” a combatir en un documento oficial divulgado en ocasión de los 100 días de la segunda administración del presidente Donald Trump.
El Departamento de Estado presumió de haber impuesto “restricciones de visado a más de 250 funcionarios del régimen nicaragüense para exigirles responsabilidades por privar al pueblo nicaragüense de sus libertades fundamentales y obligar a muchos a exiliarse”, una medida implementada en el aniversario mismo del estallido social de 2018, el 18 de abril.
Crucialmente, el portavoz se refirió al régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que gobierna Nicaragua desde hace 18 años, como una “dinastía autoritaria”, secundando otras declaraciones del secretario Rubio en pasados meses.
Pero, más allá de esas declaraciones y la imposición de sanciones —algo que su anterior administración (2016-2020) y la de su antecesor, Joseph Biden (2020-2025) hicieron de forma casi rutinaria—, las medidas de presión no han sido extraordinarias. El régimen se ha sabido adaptar, a pesar de los innegables golpes que ha recibido.
“Realmente no sabemos por ahora” cómo van a desarrollarse los esfuerzos de la administración Trump para con Nicaragua, evalúa Carlos Cascante, doctor en relaciones internacionales y profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR).
“Cualquier acción que realice el gobierno estadounidense contra Nicaragua que lo presione económicamente perjudicaría a otros aliados en la región, como Costa Rica y El Salvador“, ambos Estados colaboracionistas en la campaña de deportaciones masivas que fue eje central de la campaña reeleccionista que llevó a Trump de vuelta a la Casa Blanca.
“Al mismo tiempo que se podría presionar a Nicaragua, se causaría daño a los aliados. Por otro lado, podría incrementar lo que quieren reducir, que es la migración” hacia los Estados Unidos.
Con las políticas de mano dura y la invocación de la Ley de enemigos extranjero, entre otras medidas, Trump ha logrado reducir hasta en un 95% la llegada de migrantes a la frontera sur estadounidense, con hasta 32 mil arrestos en la frontera en los primeros cien días, según datos oficiales. Esto constituye uno de los logros más celebrados por la administración.
“Nicaragua es un elemento difícil, pero habrá que ver hasta dónde llega la presión. Lo más duro que podrían hacer sería cuestionar la presencia de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centro América y República Dominicana (DR-CAFTA)”, una medida ya discutida por oficiales de Washington tanto en la primera administración Trump como en la administración Biden.
Sin embargo, Cascante valora que “los efectos sobre Costa Rica que se produzcan a raíz del empobrecimiento de Nicaragua por sanciones hacen que Estados Unidos tenga un freno” en sus esfuerzos de presión. De modo que, a pesar de la retórica incendiaria del Secretario de Estado, Marco Rubio, sobre encarar a las dictaduras de Hispanoamérica, los objetivos de política exterior complican la gesta idealista.
