¿Puede el régimen de Nicaragua negarse a acatar la orden de la Corte IDH para liberar a monseñor Álvarez?

Hasta el 7 de julio tiene el gobierno de Nicaragua para acatar la orden que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer ayer, 28 de junio. Se trata de una resolución extendiendo medidas provisionales a monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, quien es reo político del régimen de Daniel Ortega desde agosto de 2022.

La resolución ordena la liberación inmediata de Álvarez, así como las garantías de un trato digno y de protección de su integridad física, según explicó a República 18 el abogado Uriel Pineda.

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“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había emitido medidas cautelares (en abril, a través de la Resolución 19/2023) a favor de monseñor Rolando Álvarez, misma organización que solicitó a la Corte la emisión de medidas provisionales en su favor” detalló Pineda.

“En consecuencia, se exige la liberación inmediata toda vez que la privación de la libertad no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos” evaluó el abogado, quien además señaló que al Estado de Nicaragua le corresponde “una sanción por no informar sobre las condiciones de detención y las circunstancias de la misma”.

Álvarez fue condenado a 26 años de prisión luego de que en febrero de este año se negara a abandonar el país junto a otros 222 presos políticos que el régimen desterró hacia Estados Unidos, cancelando todos sus derechos ciudadanos. Entre otros delitos, se le condenó por “traición a la patria”.

“Depende de la presión internacional”

Carlos Cascante, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Costa Rica, aclaró a República 18 que “el gran problema es que la Corte está diseñada para Estados que voluntariamente cumplen sus resoluciones“.

“En determinados casos, cuando el Ejecutivo no quiere acatarlas, se puede recurrir a la justicia ordinaria (del país) para que ejecute esas decisiones”, pero en Nicaragua no existe separación de poderes más allá del formalismo, hecho corroborado por organismos como la propia CIDH.

“Los Estados aplican las sentencias y resoluciones de la Corte para salvaguardar su buen, su imagen, su reputación internacional para que no les afecte en negociaciones con otros Estados, pero el Estado de Nicaragua no cumple con nada de esto, lo que hace muy complicado que pueda ejecutarse este tipo de resoluciones” lamentó Cascante.

Cascante aseguró que “el cumplimiento de la orden de la Corte IDH depende ahora de la presión internacional” que puedan aplicar las naciones democráticas sobre el régimen de Nicaragua, por ello considera que “es un escenario muy complicado para las intenciones de la Corte IDH”, que considera a monseñor Álvarez “en una situación de gravedad de que se consumen daños irreparables a su vida, salud e integridad persona“.

Cabe destacar que un fallo similar de la Corte IDH, que ordenaba la liberación de 45 presos políticos antes de las elecciones de 2021, ya había sido ignorado por el gobierno de Nicaragua.