Corte Interamericana ordena liberación inmediata de monseñor Rolando Álvarez

Trato digno, garantías de seguridad y la liberación inmediata ordena la Corte para el obispo de Matagalpa, reo político del régimen

  • 6:17 pm
  • Jun 28, 2023
Monseñor Rolando Álvarez
República 18

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó la liberación inmediata de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa apresado por el régimen de Daniel Ortega desde agosto de 2022.

La Corte anunció que ha notificado al Estado de Nicaragua sobre los contenidos de “la Resolución de Medidas Provisionales adoptada en favor de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos”, documento que ordena su liberación.

El Tribunal otorgó un plazo hasta el 7 de julio de 2023 para que el Estado de Nicaragua le informe sobre la situación del obispo y para cumplir con esta decisión.

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La Corte encontró que la detención de Monseñor Álvarez Lagos configura “una serie de factores de riesgo que imponen la adopción de Medidas Provisionales, ya que se encuentra en una situación de gravedad de que se consumen daños irreparables a su vida, salud e integridad personal“.

“Esta situación es agravada debido a que habría sido condenado a la ‘pérdida de derechos ciudadanos de carácter perpetuo y a la pérdida de la nacionalidad
nicaragüense’
, lo que lo coloca en una situación de extrema vulnerabilidad” detalló el comunicado de la Corte IDH.

Por eso la Corte IDH requirió que el Estado de Nicaragua “de forma inmediata proceda a la liberación” del obispo, así como también mandó a “que adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, salud e integridad personal“.

La Corte IDH también ordenó “un trato digno mediante el acceso inmediato a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada, así como facilitar su contacto con familiares y abogados”, aclarando que “esta orden no podrá ser utilizada para retrasar la liberación del beneficiario”.

Álvarez fue condenado a 26 años de prisión luego de que se negara a abandonar el país en febrero de este año, cuando el gobierno desterró a 222 presos políticos cuya ciudadanía anuló y cuyas propiedades confiscó posteriormente.