Sociedad civil de Nicaragua denuncia serias violaciones de derechos humanos ante la ONU
De igual manera, informaron sobre la ejecución de 45 estudiantes por órdenes del Estado de Nicaragua entre abril y septiembre de 2018.
Una delegación de la sociedad civil nicaragüense denunció y evidenció este miércoles la continuidad de las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua, durante la sesión de revisión en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza..
Entre las organizaciones que acudieron a la sesión están la Unidad Juvenil y Estudiantil (UJE), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) y Urnas Abiertas.
Otras noticias: PEN Internacional condena el juicio contra una de sus integrantes y la detención de su hijo
Estado de Nicaragua no participa
El Estado de Nicaragua también fue invitado a la sesión de revisión de la ONU, pero por tercera ocasión consecutiva, no enviaron a ningún delegado. Algo que para Alex Aguirre, de la Unidad Juvenil y Estudiantil, quien estuvo presente durante la sesión en Ginebra, “es preocupante”.
“Al aislarse cada día más de la comunidad internacional, deja en el completo abandono a la ciudadanía. El Estado debe reconsiderar sus posturas ya que el aislamiento en derechos humanos conlleva al aislamiento financiero del país. Los que más sufren son las personas pobres y desfavorecidas”, agregó Aguirre.
Para el joven activista, la actitud tomada por las autoridades nicaragüenses solo acrecienta la crisis sociopolítica y de derechos humanos, así como profundiza la crisis económica y generalizada en el país.
A pesar de la ausencia del Estado nicaragüense, el Comité de Derechos Humanos de la ONU hizo un llamado al régimen de Daniel Ortega a respetar la independencia judicial. También el cese a las violaciones de derechos humanos a pueblos indígenas y afrodescendientes.
El Comité sugirió a Nicaragua a que aborde de manera integral la situación de las personas trans, la violencia contra las mujeres, tratos inhumanos, degradantes y tortura a personas presas políticas, violencia sexual y la ausencia de condiciones en las elecciones generales y municipales.
Jóvenes son las principales víctimas en Nicaragua
Uno de los principales temas abordados en la sesión por la sociedad civil nicaragüense, fue el encarcelamiento de más de 30 jóvenes que participaron de las manifestaciones contra Ortega.
Entre ellos los líderes universitarios John Cerna, Max Jerez, Kevin Solís, Lesther Alemán y Samantha Jirón, la presa política más joven de Nicaragua, con 20 años.
La sociedad civil informó sobre la ejecución de 45 estudiantes por órdenes del Estado de Nicaragua entre abril y septiembre de 2018, entre ellos Dodanim Castilblanco, estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería asesinado el 30 de mayo de 2018.
También sobre el crimen contra Orlando Aguirre Córdoba, estudiante de primaria; Cristopher Castillo, universitario de 23 años; Daniel Josías Reyes, universitario de 25 años, entre otros. Muertes que aún siguen en la impunidad.
Adoctrinamiento, asedio y leyes para controlar
Los jóvenes, representados por Aguirre, denunciaron las prácticas de adoctrinamiento y proselitismo político dentro de todo el sistema educativo nacional, así como el asedio policial y paraestatal a las manifestaciones estudiantiles realizadas en la Universidad Centroamericana (UCA).
Denunciaron la aprobación el pasado 14 de octubre de 2021 de la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No 704, creadora del Sistema Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación y Reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA).
“Esta reforma otorga facultades al CNEA para la acreditación y funcionamiento de todas las universidades del país de forma discrecional”, agregó la Unidad Juvenil, en un comunicado. Es decir, las universidades públicas y otras subvencionadas, pasarían a tener un control total del Estado.
Nicaragua vive una de sus peores crisis en tiempos de paz, el régimen de Daniel Ortega mantiene a unas 219 personas presas políticas y desde 2018, unas 355 muertes siguen en la impunidad, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
