Corte IDH ordena liberación de nueve presos políticos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), ordenó al régimen de Daniel Ortega que libere  inemadiatamente a nueve presos políticos como una medida para garantizar su integridad y su vida.

En una resolución de medidas provisionales publicada este lunes, la CorteIDH requiere al Estado nicaragüense “que proceda a la liberación inmediata” del presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy, y el vicepresidente de ese grupo, Álvaro Vargas, así como los dirigentes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena.

La lista la completan los comunicadores Jaime Arellano y Miguel Mendoza, el líder estudiantil Max Jerez y los ex exdiplomáticos Mauricio Díaz Dávila y Edgar Parrales, estos dos últimos bajo arresto domiciliar.

“Las detenciones y procesos penales iniciados hacen parte de un contexto de hostigamiento a quienes se manifiestan en oposición a las políticas del actual gobierno de Nicaragua, el cual se ha visto exacerbado con motivo de las elecciones que tuvieron lugar en noviembre de 2021”, señala la resolución.

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¿En qué consiste la resolución?

El abogado Gonzalo Carrión, integrante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, señaló que esta resolución es una respuesta a las violaciones de derechos humanos del régimen y que han sido ampliamente documentadas.

“Esto es una resolución de la Corte puesto que el régimen violenta los compromisos internacionales. Esta decisión de la Corte responde al derecho internacional”, afirmó.

No obstante, Carrión señala que esta decisión tiene muchas limitaciones ante las dictaduras, debido a que el régimen sostiene que estas decisiones son injerencistas.

“Esto tiene la limitación que frente a Estados bajo el control de tiranías, no puede hacer efectivas sus decisiones. Las decisiones del sistema interamericano no son respetadas por el régimen. El sistema no funciona en países donde hay dictaduras”, expresó.

No todos los Estados respetan las decisiones de la Corte

Carrión señaló que las decisiones de la Corte no se respetan por igual por todos los Estados y mucho menos en Nicaragua. Su debilidad es no contar con elementos coercitivos.  

El tribunal también urgió al gobierno de Daniel Ortega permitir el contacto de los presos políticos con sus familiares y abogados, y garantizar el acceso inmediato a servicios de salud y medicamentos.

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La CorteIDH también ordenó al gobierno de Daniel Ortega que “proceda a informar de forma inequívoca a sus familiares y abogados de confianza sobre su lugar de detención, a facilitar su contacto inmediato con familiares y abogados, al menos una vez a la semana, y a garantizar el acceso inmediato a servicios de salud y medicamentos para los beneficiarios”.

Al respecto, Carrión señaló que todos los Estados que suscriben acuerdos internacionales, están obligados a cumplir con sus compromisos.

“Todos los Estados que firman tratados internacionales están obligados a cumplir sus compromisos. La respuesta ha sido no cumplir y patalear con el cuento de la injerencia extranjera”, señaló.

 El abogado expresó que estas resoluciones son graves puesto que surgen a raíz de violaciones a los derechos humanos a personas inocentes que el régimen mantiene presas.

“La resolución existe por estas violaciones a los derechos humanos. Estas decisiones revelan la verdad, que el régimen es violador de derechos humanos”, concluyó.