Organismo presenta informe sobre violaciones a derechos humanos de los presos políticos ante la ONU y la CIDH

El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh) anunció que presentó ante el Comité contra la Tortura y otras instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un informe actualizado sobre la situación de derechos humanos de las personas presas políticas en Nicaragua.

El informe, además, busca denunciar las múltiples violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes infringidos contra las personas privadas de libertad.

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Asimismo, brindar información actualizada ante el Comité Contra la Tortura y el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El documento se envió igualmente a la Relatoría sobre las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Informe enfatiza saña contra las mujeres

“El Centro ha determinado en base a la información que se encuentra a disposición, que se están realizando tratos crueles, inhumanos y degradantes en dependencia al grupo que pertenece la persona que está encarcelada por razones políticas”, dijo a República 18 el abogado Danny Ramírez-Ayérdiz.

El informe brinda un panorama general sobre las violaciones de derechos humanos que se cometen en las cárceles de Nicaragua, explica las razones políticas por las que fueron encarcelados y establece cuál es el marco jurídico aplicable a estas personas. También señala las afectaciones por la condición o situación que viven al estar en detención.

“Nos preocupa mucho la situación de las mujeres, la violencia contra las mujeres es algo que nosotros queremos dejar reflejado en el informe. El Estado, a pesar de tener un discurso de protección hacia la mujer, las afecta directamente y las censura a través de la cárcel”, agrega Ramírez-Ayérdiz.

El reporte indica que las activistas sociales, políticas y feministas son las principales sujetas a violaciones de derechos humanos en Nicaragua, así como un particular ensañamiento en contra de la dirigencia de la organización UNAMOS, que tiene a su actual presidenta y dos expresidentas bajo prisión.

Suyen Barahona, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila y Dora María Téllez, todas integrantes de UNAMOS, se encuentran detenidas en las celdas de la nueva Dirección de Auxilio Judicial, Evaristo Vásquez, mejor conocido como “El Chipote”.

Ellas están recluidas en celdas individuales y dos de ellas son mantenidas en celdas de máxima seguridad, según han denunciado sus familiares, quienes también son víctimas de tratos denigrantes a la hora de las visitas.

Tratos crueles se extienden hasta los familiares

“El Centro observa también con mucha intranquilidad cómo los efectos de los tratos crueles, inhumanos y degradantes se extienden hacia los familiares y cercanos de las personas privadas de libertad por motivos políticos”, agrega la organización en un comunicado.

Al respecto, organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que durante las visitas previas al mes de diciembre, familiares de presos políticos fueron obligados a desnudarse y a hacer sentadillas en presencia de oficiales del centro de detención, quienes también se burlaban de sus aspectos físicos.

Calidh también añade en el reporte que es necesario conocer sobre la verdadera situación en la que se encuentran las personas privadas de libertad, “de quienes no se tiene mayor conocimiento”, así como de la represión dirigida hacia miembros del régimen en Nicaragua, que muchas veces no figuran en las listas de organismos de derechos humanos.

Detención de “Chino Enoc” también en informe

Calidh incluyó el caso de Marlon Gerardo Sáenz Cruz, mejor conocido como “El Chino Enoc”, simpatizante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que criticaba abiertamente las políticas del régimen de Daniel Ortega. Y que fue detenido.

Eso le valió la sentencia de 12 años de prisión por los delitos de transporte ilegal de droga, fabricación, tráfico y tenencia ilegal de armas o municiones dictada el pasado cinco de octubre de 2022.

De igual forma, se explica la implementación de leyes penales aprobadas especialmente como parte de un plan de censura y castigo contra personas opositoras. Asimismo, informan sobre el desplazamiento forzado como medida “in extremis” de muchas personas opositoras para evitar ser privadas de la libertad por razones políticas.

En Nicaragua existen unas 235 personas presas políticas, según el último recuento del Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas correspondiente al mes de noviembre. Siete de ellas fueron precandidatos a la presidencia de la República y uno de ellos es miembro de la Conferencia Episcopal.