Bukele imita a Ortega y emprende una guerra contra la sociedad civil
Aunque las ONGs todavía pueden operar en El Salvador, la nueva ley impone controles que podrían acercar al país a un vacío asistencial como el que vive Nicaragua bajo la dictadura sandinista.
Diputados de la Asamblea Legislativa salvadoreña, dominada por el partido de Bukele, votan a favor de la Ley de Agentes Extranjeros.
La aprobación de la nueva Ley de Agentes Extranjeros impulsada en El Salvador por el presidente Nayib Bukele y su partido, Nuevas Ideas, establece un paralelismo con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, que también emprendió en 2020 una guerra contra las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil.
La nueva ley fue aprobada el lunes, 20 de enero, por la Asamblea Legislativa dominada Nuevas Ideas (54/60) y establece un impuesto del 30% a las donaciones percibidas por organizaciones no gubernamentales que, según Bukele, se utilizarán para financiar medidas de bienestar social en el país.
El artículo 9 de la nueva ley prohíbe a las organizaciones “realizar actividades para fines políticos u otros, con el objetivo de alterar el orden público, que pongan en riesgo o amenacen la seguridad nacional o la estabilidad social y política del país“, una noción presente en otras legislaciones, como la estadounidense para organizaciones sin fines de lucro bajo la sección Section 501(c)(3).
“¿Censura por qué? Si pueden seguir gritando lo mismo. Si quieren hacerlo más seguido, háganlo más seguido. Si les mandaban un millón de dólares mensuales, pidan que les manden tres o cinco. ¡No hay problema! Lo único es que tienen que decir quién se los manda, quién los recibe y para qué lo ocupan“, declaró Ernesto Castro presidente de la Asamblea salvadoreña.
Aunque, en principio, la ley de Bukele, con su imposición de un impuesto tan cuantioso, se presenta como más severa que la de Ortega, aún no se ha llegado en El Salvador a los extremos del régimen sandinista.
Ortega ha ilegalizado a prácticamente todas las organizaciones no gubernamentales del país (más del 92%) e incluso a algunas sandinistas, a pesar de que su análogo de ley (1040) no lo mandatase explícitamente. Las cancelaciones se dieron por iniciativa del entonces Ministerio Público, luego reorganizado en 2023 como Ministerio del Interior, y la Asamblea Nacional bajo control sandinista.
Sin embargo, la nueva regulación de Nuevas Ideas abre la puerta a controles sin precedentes a la sociedad civil salvadoreña de parte del Estado, controlado por la coalición bukelista. El temor de opositores y observadores internacionales es que la ley sirva de instrumento análogo y descienda hacia los extremos percibidos en Nicaragua.
Peor aún, la cercanía actual entre la administración del presidente estadounidense Donald Trump y el gobierno de Bukele, que colabora en la campaña de deportaciones masivas del mandatario republicano, podría escudarlo de sanciones y otras medidas de presión que Estados Unidos ha emprendido en respuesta a los ataques de dictadores como Ortega contra la sociedad civil.
