Grupo de migrantes demandan a la administración Trump por la cancelación de Programas Humanitarios
Los demandantes incluyen migrantes de Nicaragua, Afganistán y Ucrania, quienes enfrentan la parálisis de sus solicitudes de asilo.
Los demandantes piden el reestablecimiento de programas migratorios claves como el Parole Humanitario.
Un grupo de migrantes, incluidos nicaragüenses, beneficiarios del programa de Parole Humanitario, ha interpuesto una demanda contra la administración de Donald Trump, alegando que la cancelación de ciertos mecanismos legales les ha impedido ingresar y residir temporalmente en Estados Unidos. La demanda, presentada en un tribunal federal de Boston, busca restablecer estos programas migratorios cruciales para aquellos que huyen de crisis en sus países de origen, informó El Diario La Prensa.
Según el reporte, ocho migrantes provenientes de Afganistán, Ucrania y Nicaragua, junto con la organización Haitian Bridge Alliance, lideran esta acción legal contra la cancelación de tres programas clave: el programa Unidos por Ucrania, que facilitó la llegada de 200,000 ucranianos afectados por la guerra; el programa de Proceso de Permiso Humanitario para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos (CHNV), conocido como Parole Humanitario, que permitió la entrada de más de 531,000 migrantes; y la Operación Allies Welcome, que recibió a 75,000 afganos tras la retirada de las tropas estadounidenses en 2021.
También se suman a la demanda tres ciudadanos estadounidenses que actuaron como patrocinadores de migrantes de Nicaragua, Cuba y Venezuela, argumentando que la cancelación de estos programas afecta gravemente a comunidades enteras en Estados Unidos.
Alegan que se les niega una vía de protección
“Cada uno de estos individuos confió en que el gobierno de EE. UU. los ayudaría a protegerse del peligro. Esperaron pacientemente por una vía legal y ahora se les niega injustamente esa posibilidad“, señala el documento legal de la demanda, al que El Diario La Prensa tuvo acceso.
Los demandantes incluyen a Donald Trump, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional; Caleb Vitello, director interino de ICE; Pete R. Flores, comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP); y Kika Scott, directora del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
La demanda detalla que el 20 de enero de 2025, Trump emitió una orden ejecutiva denominada “Protección de nuestras fronteras”, en la que ordenó al secretario de Seguridad Nacional poner fin a todos los programas de libertad condicional categórica, suspendiendo la capacidad de las personas en libertad condicional para obtener alivio migratorio. Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha tomado medidas para acelerar las deportaciones.
La demanda fue presentada el 28 de febrero y está siendo representada por el Justice Action Center y Human Rights First.
En la demanda se incluyen los casos de los migrantes afectados, cuyos nombres están protegidos bajo el apellido “Doe” para garantizar su anonimato. Entre ellos se encuentran los nicaragüenses Alejandro, Armando, Ana y Carlos, quienes huyeron de Nicaragua debido a la represión política y persecución del gobierno de Daniel Ortega.
Alejandro, quien reside en Gainesville, Georgia, escapó de Nicaragua tras la tortura de su padre por parte del gobierno y llegó a EE. UU. en julio de 2024, patrocinado por un primo ciudadano estadounidense. Su solicitud de asilo está pendiente, pero paralizada debido a la pausa en el procesamiento de solicitudes de parole humanitario.
Armando, casado con Ana, también huyó de Nicaragua por la represión política y trabaja en una empresa de medios digitales. Ambos llegaron a EE. UU. en 2024, patrocinados por un familiar. Carlos, por su parte, ingresó a EE. UU. en mayo de 2023, tras recibir amenazas de muerte contra él y su familia.
La demanda sigue su curso en los tribunales, mientras los migrantes esperan la resolución de sus solicitudes de asilo, señaló La Prensa.
