Juez bloquea pausa que impuso Trump a Programa de Refugiados
En su primer día, Trump impuso una pausa de 90 días al Programa de Refugiados de los Estados Unidos. Un juez federal ordenó restaurarlo.
Un juez del Tribunal de Distrito para el Distrito Occidental del Estado de Washington con sede en Seattle, Jamal Whitehead, bloqueó la suspensión que la administración del presidente Donald Trump impuso sobre el Programa de Refugiados de los Estados Unidos este martes, 25 de febrero.
La decisión es un fallo a favor de grupos de defensa de derechos humanos que demandaron a la administración, en oposición a una orden ejecutiva del presidente emitida en su primer día de mandato. Dicha orden imponía una pausa de 90 días a los procesos de asilo mientras los funcionarios trumpistas estudiaban si aceptar refugiados estaba dentro del interés nacional.
Estos grupos fueron el Servicio Mundial de Iglesias (CWS, por sus siglas en inglés) una organización humanitaria que aglomera a 37 denominaciones protestantes; la organización de Servicios Comunitarios Luteranos del Noroeste (LCSN, ibid.) y la Sociedad Hebrea para la Asistencia Migratoria (HIAS, ibid.).
En su fallo, Whitehead sostuvo que las acciones de Trump equivalen a “una anulación efectiva de la voluntad del Congreso” estadounidense, dado que el Legislativo estableció el programa y el presidente, en sus atribuciones como Ejecutivo, debe hacer valer las decisiones del Congreso.
“El presidente tiene una discreción substancial… para suspender las admisiones de refugiados“, reconoció Whitehead, “pero esa autoridad no es ilimitada“, sentenció, decretando un interdicto preliminar contra la orden, lo que implica que esta debe cesar.
Las acciones de algunos jueces federales en antagonizar las muchas órdenes ejecutivas del presidente han sido los principales obstáculos de Trump en su cruzada por reestructurar el sistema político-administrativo de los Estados Unidos. La administración, por su parte, ha calificado a estos jueces de “activistas” y cuestionado su integridad.
“Creemos que estos jueces actúan como activistas judiciales en vez de árbitros honestos de la Ley. La verdadera crisis constitucional está pasando en el Poder Judicial“, dijo Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca de Trump el 12 de febrero.
A su vez, legisladores republicanos en la cámara baja del parlamento estadounidense han empezado a movilizarse en un intento de destituir a estos jueces, con al menos dos procesos de destitución abiertos. Observadores y expertos advierten que Trump se acerca cada vez más al pleno desacato de los fallos del Poder Judicial.
Entre las órdenes ejecutivas de Trump bloqueadas por jueces federales están la que prohibió los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en instituciones públicas y la que abolía el derecho de ius soli, o ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense.
Otras acciones oficiales han sido respaldadas por jueces, como los despidos masivos de empleados públicos en ciertas instituciones de acuerdo con los designios del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), encabezado por el multimillonario sudafricano y aliado cercano de Trump, Elon Musk; o el cese al financiamiento de programas de reasentamiento para refugiados.
