Régimen se ausenta de audiencia ante Corte IDH por feminicidio de Dina Carrión

El régimen sandinista lleva dos años en desacato de las órdenes y llamamientos de la Corte IDH en referencia al caso del feminicidio de Dina Carrión, en el que se le imputan varias irregularidades periciales.

  • San José, Costa Rica
  • 9:17 am
  • Jul 4, 2024

Con apoyo del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Dina Carrión y su madre, Dina González, presentaron su testimonio contra el Estado de Nicaragua.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) abrió este miércoles, 3 de julio, una audiencia en el caso Dina Carrión et al. contra el Estado de Nicaragua, en el que el Estado nicaragüense es acusado de “falta de debida diligencia en la investigación de los hechos relacionados con la muerte de Dina Alexandra Carrión”.

El régimen sandinista se ha desentendido de la situación. Desde que fue declarado en desacato en 2022 por la Corte IDH, el Estado nicaragüense no ha respondido a los llamamientos y exigencias del tribunal. En esta audiencia ni siquiera se acreditaron agentes.

Carrión fue asesinada el 3 de abril de 2010, una muerte declarada suicidio por las autoridades del régimen sandinista. La familia, sin embargo, alega que el cuerpo de la víctima mostraba claros signos de violencia. Una serie de irregularidades en el proceso de investigación los llevó a dudar de la veracidad del veredicto.

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La familia incluso tiene a su propio sospechoso: el ex-esposo de Carrión, Juan Carlos Siles Saravia.

Con esta primera audiencia se abre el primer caso por feminicidio que la autoridad nicaragüense encara ante la Corte IDH. De parte de la familia testificaron Aida González y Aida Carrión, madre y hermana de la víctima, quienes han contradicho a las autoridades nicaragüenses los últimos catorce años incesantemente en busca de justicia.

Ambas fueron acompañadas por el  Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, una entidad con sede en Costa Rica (donde también está asentada la Corte IDH) que apoya a nicaragüenses víctimas de la represión del régimen sandinista. También tuvieron apoyo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), otra organización exiliada por la represión sandinista, según señaló Carrión en redes sociales.

González y Carrión declararon que en la investigación del caso de la víctima hubo “varias irregularidades en las diligencias iniciales en contravención a la debida diligencia reforzada que debe impulsarse en la investigación en casos de violencia contra la mujer” según la legislación nicaragüense.

La parte acusatoria sostiene que las autoridades nicaragüenses se negaron a siquiera considerar la posibilidad del feminicidio o el parricidio, habiéndose decantado por una investigación por suicidio que ignoraba amplias y notorias líneas de evidentes, según destaca la misiva de la Corte IDH sobre el caso.

De tal manera que toda esa negligencia habría supuesto “una violación al derecho de igualdad y la garantía de imparcialidad de las autoridades investigativas y judiciales“. Carrión y González también recibieron apoyo de agentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y activistas y colectivos feministas.