Reformas a la Ley 779 o Ley contra la violencia hacia las mujeres frenó avances en lucha contra femicidios

La Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, mejor conocida por su numeración, Ley 779, fue aprobada hace más de una década, el 22 de junio de 2012. con el objetivo de “actuar contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, proteger sus derechos humanos y garantizar una vida libre de violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar”.

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A primera vista, no parece que la ley haya cumplido su cometido. En los últimos años las cifras de feminicidios han ido en aumento, según conteos de organizaciones feministas. Tan sólo en lo que va del año, la organización Católicas por el derecho a decidir ha denunciado al menos 36 víctimas de la violencia machista en Nicaragua y 14 mujeres nicaragüenses asesinadas en el extranjero para un total de 50. El año pasado fueron alrededor de 70.

“Esta ley fue un esfuerzo de diferentes grupos de la sociedad. En su momento hubo mucha voluntad política gracias a los compromisos adquiridos por el Estado de Nicaragua a nivel internacional” dijo a República 18 la abogada penalista Eylin Cruz. Esto es visible incluso en el texto de la ley, que en su segunda consideración menciona varios instrumentos internacionales que velan por la protección de las mujeres.

“Originalmente, la ley es bastante completa” aseguró la abogada, añadiendo que en parte esto se dio gracias al trabajo de organizaciones de la sociedad civil, mismas que el gobierno de Nicaragua ha venido clausurando desde que inició la crisis en 2018. “Sin embargo, no se puede decir que haya disminuido la violencia” agregó.

Para Cruz, el logro fundamental de la ley fue que los casos que han sido denunciados y judicializados “reciben un trámite aparte, a través de una ley especializada y un sistema de justicia especializado”, algo que no ocurría previo a 2012, cuando las víctimas de abuso sexual y los casos de feminicidio eran “sometidos a tribunal de jurado y no existía el feminicidio como tipo penal”.

Reformas anularon avances

“Lamentablemente, la ley fue reformada casi de inmediato después de haber entrado en vigencia y la violencia no ha disminuido en parte por esas reformas” explicó la abogada.

Tres reformas sustanciales recibió la ley. La primera, introducida por la Asamblea Nacional en septiembre de 2013, trajo consigo el concepto de mediación. Al año siguiente, dos decretos presidencial, numerados 42- y 43-2014, limitaron además el delito de feminicidio al ámbito de pareja.

“El feminicidio pasó a ser un asunto privado y no público, por eso todo delito que se dé contra una mujer en el ámbito público es calificado de asesinato, aunque existan las circunstancias propias del feminicidio, que es por el hecho de ser mujer” lamentó Cruz.

Entre otras razones para la persistencia de la violencia, Cruz señala también que la ejecución de las medidas de prevención de la violencia contra la mujer todavía deja mucho que desear en el país. Sumado a esto, en los últimos años las mujeres estuvieron desatendidas y sin espacios propios para denunciar sus situaciones, mientras el gobierno libera a miles de presos comunes a las calles de manera negligente.

En 2016, las Comisarías de la Mujer, un proyecto iniciado en 1993 y que alcanzó su auge bajo el gobierno sandinista, fueron cerradas por razones presupuestarias y así permanecieron hasta que iniciaron las reaperturas en 2020. Cruz señala que, incluso reabiertas, las comisarías siguen limitadas por la situación actual de la ley.

“Evidentemente, el gobierno no ha hecho su trabajo de manera efectiva” concluyó Cruz.