Declaran culpable a pareja que lanzó a anciano a un sumidero
Una autopsia realizada en León reveló que la víctima estaba aún con vida cuando fue lanzada a un sumidero por la pareja de su nieta y un segundo cómplice.
Imágenes de los acusados divulgadas por la Policía Nacional.
La pareja compuesta por los ciudadanos Josseling Raquel Toruño Mejía, de 23 años, y Harrison Ali Martínez Mejía, fueron declarados culpables por el asesinato de Encarnación Mejía García, abuelo de Toruño de 72 años, a quien lanzaron aún con vida a una fosa séptica en la zona de Los Zarzales, en el municipio de El Jicaral, departamento de León.
El crimen ocurrió el 9 de octubre de 2023 con la complicidad de un tercer individuo, identificado como Nelson Meza, triciclero nativo de El Jicaral, que aún es fugitivo y enfrenta orden de captura. Martínez ya poseía antecedentes penales por robo con fuerza y agresión.
Lea además: MINSA amplía medidas de seguridad en hospitales tras secuestro de recién nacida en Masaya
Según el relato policial, Mejía habría increpado a la pareja por el ambiente escandaloso que generaban en la vivienda de su nieta, por lo que fue golpeado por Martínez y Meza.
Al principio se asumió que Mejía había fallecido por la golpiza y su cuerpo había sido lanzado al sumidero, pero una autopsia realizada en León reveló que Mejía estaba aún con vida al momento de caer en el foso.
Encarnación Mejía García, víctima de asesinato en El Jicaral, León, el 9 de octubre de 2023. Foto: Redes Sociales
La víctima fue encontrada sin vida por agentes de la Policía Nacional, pero no hubo capturas y durante meses la pareja permaneció prófuga. No fue sino hasta enero de 2024 que Martínez fue capturado y Toruño a principios de febrero.
La Policía no proporcionó en el momento mayor información sobre las circunstancias de ambas detenciones.
Dada la fuga de ambos acusados, el juicio no pudo iniciar sino hasta el 16 de mayo y concluyó en una sentencia por asesinato agravado emitida por la juez Aleyda González García del II Distrito Penal de Juicio de León.
La Fiscalía solicitó a la juez González la pena de 25 años, aunque bajo el Código Penal Nicaragüense (art. 140) la pena máxima para esta clase de delitos puede llegar hasta los 30 años en prisión.
