Régimen se solidariza con víctimas de atentado en Rusia, pero niega a los muertos de su propia represión

El régimen sandinista de Daniel Ortega declaró el pasado domingo, 24 de marzo, día de duelo nacional en solidaridad por las víctimas de un atentado contra una popular sala de conciertos en Moscú, Rusia, que dejó un saldo de más de hasta 133 muertos. El atentado, presuntamente perpetrado por una célula islamista ligada a ISIS, acumula además centenares de heridos.

Las autoridades municipales leales al sandinismo realizaron varias actividades en sus localidades expresando solidaridad a las víctimas, así como alabando al presidente ruso, Vladimir Putin, este fin de semana. El decreto de duelo, publicado el sábado 23, los calificó como “eventos de unión solidaria” en todos los municipios del país, al punto de ondear la bandear a media asta todo el domingo.

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Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Denis Moncada, canciller nicaragüense; y el hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial con rango de ministro, participaron en un evento en el Teatro Nacional Rubén Darío en el que Ortega Murillo firmó un libro de condolencias en presencia del embajador ruso, Alexander Khokhólikov.

El régimen sandinista de Nicaragua ha apoyado el esfuerzo de guerra ruso, que en febrero de 2022 desató a sus fuerzas armadas en territorio de su vecino, Ucrania. La guerra ha dejado alrededor de 11 mil bajas civiles confirmadas y casi 20 mil heridos, según datos de Naciones Unidas.

Naciones Unidas también ha condenado al régimen sandinista, señalándolo de cometer crímenes de lesa humanidad en base a las investigaciones de un grupo de expertos en derechos humanos constituido en marzo de 2022 y que investiga la crisis nicaragüense.

Otros organismos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estiman que, en el primer año de la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018, las fuerzas policiales del régimen asesinaron alrededor de 355 ciudadanos nicaragüenses. El régimen ha negado repetidamente el trabajo de estas entidades, sosteniendo que se trata de un ardid en su contra orquestado por Estados Unidos.

El régimen sandinista ha permitido que estos crímenes permanezcan en la impunidad, sin que, a casi 6 años de los hechos, se haya realizado desde el Estado un esfuerzo honesto para esclarecer aquellos actos. Ortega y su esposa y vicepresidente, Rosario Murillo, continúan mancillando además la memoria de las víctimas al mantener la espuria narrativa de que las protestas en su contra fueron un “intento de golpe de Estado”.