“Es completamente inusual”: relatores de la ONU exigen respuestas ante leyes represivas en Nicaragua

Cinco relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas publicaron una carta dirigida al gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega desde 2007, en la que expresan preocupación por las medidas represivas aplicadas por el régimen en los primeros meses de 2023, haciendo también varias observaciones y finalmente pidiendo fundamentos para sustentar las leyes represivas del régimen, que hasta el momento no existen.

Margaret Satterthwaite, relatora especial para la independencia de jueces y abogados, señaló “la expulsión y privación de la ciudadanía de opositores al gobierno”, así como la “suspensión de abogados y notarios del Colegio de Abogados por haber sido declarados “traidores a la patria”, aparentemente como represalia”, como algunas de las principales preocupaciones.

Los incidentes en cuestión se remontan primero a febrero de este año, cuando 222 presos políticos fueron desterrados y perdieron la ciudadanía, y luego a mayo, cuando varios abogados vieron sus títulos anulados por orden de la Corte Suprema de Justicia.

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En el documento dejan claro que “el término ‘traidor a la patria'”, proveniente de la Ley 1055 aprobada en 2020, “es especialmente impreciso y vago, carece de claridad y puede socavar el requisito de legalidad del derecho internacional”. Este ha sido el término con el que el régimen condenó a una gran parte de los opositores presos.

También señalaron que “la privación de la nacionalidad debe ajustarse tanto al derecho internacional como al derecho interno del Estado que la priva” y considera que la legislación del régimen en cuanto a esa cuestión más bien busca “proporcionar una base que permita el uso de la privación de la nacionalidad para disuadir a los abogados y defensores de derechos humanos de hacer su trabajo“.

Debe haber proporcionalidad

“Si se va a despojar a una persona de su nacionalidad, se debe aplicar tanto una evaluación de necesidad como de proporcionalidad“, ambas ausentes en los procesos del régimen, estableció Fionnuala Ní Aoláin, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.

“Consideramos oportuno recordarle el importante y legítimo papel que desempeñan los defensores de los derechos humanos y la protección a la que tienen derecho en virtud del derecho internacional” reza el documento, transmitiendo además las preocupaciones del Comité contra la Tortura “por los casos de exilio forzado de defensores de derechos humanos, periodistas y artistas, especialmente aquellos considerados opositores políticos”.

Finalmente, los relatores pidieron la cooperación del gobierno de Nicaragua en proporcionar información y explicaciones sobre cómo la legislación presente son compatibles con la obligación que como gobierno tiene de preservar las distintas libertades civiles, así como también en explicar cómo sus leyes “se alinean con los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación”.

Los firmantes son las antes mencionadas relatoras, así como también Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión
y de expresión; Clement Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; y Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.

“Es completamente inusual”

“Nicaragua tiene compromisos internacionales en materia de derechos humanos que pueden ser universales o regionales” explicó a República 18 el abogado y consultor independiente sobre Derechos Humanos, Uriel Pineda, subrayando además que “el sistema universal es difuso”.

Esto quiere decir que, “por cada tratado internacional que suscribe Nicaragua, hay un comité que, en principio, conoce sobre la materia y hace observaciones sobre la implementación del tratado”.

Es este sistema el que contempla, como parte de Naciones Unidas, la creación de un consejo de derechos humanos que a su vez crea las relatorías “temáticas o con mandato geográfico”. Pineda explicó que “los relatores son personas con un mandato específico y actúan de forma conjunta para requerir información de forma conjunta al Estado de Nicaragua en lugares donde pudiera haber faltado a los acuerdos suscritos de derechos humanos”.

Al no recibir respuesta del Estado de Nicaragua, las relatorías hacen pública, de manera conjunta, la comunicación con sus observaciones siguiendo el protocolo de Naciones Unidas. “Es completamente inusual “que esta clase de documentos se hagan públicos, destacó Pineda. “En su compromiso democrático, la mayoría de países remite la información y ahí queda el asunto” agregó.