Comunitarios miskitos sin cédula de identidad pero con carnet de militante

Comunitarios miskitos denuncian la falta de cédulas de identidad en las poblados ubicados en las riberas del Río Coco, en cambio, hay abundancia de carnet de militante sandinista.

“Hay mucha gente que no tiene cédula, especialmente los mayores”, dijo a República 18 Jeancarlo Torrez, quien visitó las comunidades río abajo en el fronterizo Río Coco.

Las comunidades donde Jeancarlo pudo notar la falta de documento de identificación oficial, pero la fuerte presencia de carnet de militante sandinista fueron Kiwastara, Utlamahta, Sawa y Klampa.

Se encontraba junto a otro comunitario repartiendo productos de primera necesidad

Cuando pidieron a los comunitarios su documento de identificación para verificar la base de datos, ellos les entregaban el carnet de militante sandinista y no su cédula de identidad, “la primera vez que lo vi me asusté”, dijo. Esto  después ocurrió en reiteradas ocasiones.

Las personas que habitan en las comunidades de Río Coco abajo, en lugar de utilizar su cédula de identidad, que es el documento oficial permitido por el Estado y la Constitución Política, usan el carnet de militante sandinista, que tiene su número de cédula y también la firma de Daniel Ortega.

Jeancarlo se dio cuenta también que las personas “mayores” de edad en las comunidades no portaban cédulas de identidad y señaló que, “es a la gente más joven a quienes le están dando el documento (carnet de militante)”.

Carnet de militante como “pasaporte libre”

Otro comunitario que visitó la zona de Río Coco abajo dijo que el carnet de militante sandinista para las personas de esas localidades “lo tienen como un documento importante, como un documento de identidad”.

“Es como un pasaporte libre, si vos lo tenés es seguro que te den ayuda, que consigas trabajo”, dijo a República 18.

El carnet de militante sandinista es un documento político, que las personas afines al régimen de Daniel Ortega deciden portar, sin embargo, a medida que el régimen a consolidado su control sobre las Instituciones del Estado, su portación se ha hecho casi obligatoria para agilizar trámites.

El carnet consta de una foto en blanco y negro del portador en la parte derecha del documento, en el centro el nombre y apellidos de la persona y su número de cédula de identidad, en la parte derecha un código de barras y en la parte inferior izquierda la firma de Daniel Ortega.

Para Jeancarlo y el comunitario que lo acompañaba, que un documento político se convierta en el documento de identidad de una persona es un “delito grave” y más aún cuando “lleva la firma del presidente” y no la del portador del documento.

Una situación que se repite desde 2007

“Esto es el día a día aquí, la gente tiene más carnets de militante que cédulas de identidad, esa es una realidad”, dijo a República 18, José Medrano Coleman, abogado del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN).

Para Medrano Coleman, la fuerte presencia de carnets de militante sandinista en las comunidades del Caribe Nicaragüense se debe a que las personas que lo adquieren “tienen acceso a los beneficios que el gobierno da”.

Esto se vio reflejado luego de la devastación provocada por los huracanes Iota y Eta. Las personas que adquirieron donaciones como láminas de zinc y otros enceres, fueron las que tenían carnet de militante.

“Esto ha sido como una política del Estado desde que el gobierno de turno tomó el poder, en 2007. Ha sido constante, como una manera de control de la ciudadanía a través de este carnet y obviando el derecho que tienen todas las personas de recibir una ayuda sin distinción de raza, credo y partido político”, señala.

Proceso fragmenta organización comunitaria

Para Coleman, además de tratarse de un procedimiento ilegal, que pretende controlar a la población de la zona, el proceso de “inscripción de militantes” promueve la fragmentación de “la organización comunitaria” de los pueblos originarios.

“Las autoridades en lugar de coordinarse con nuestras autoridades tradicionales, no lo hacen”, señala. Para el abogado defensor de derechos humanos de la Costa Caribe, esto “le resta credibilidad” a sus autoridades ancestrales y designadas por ellos mismos.

“En su lugar se coordinan con un personero político (…) “Lo primero que hacen es buscar los secretarios políticos de cada comunidad, esto fragmentando nuestra propia organización comunitaria como pueblos indígenas, donde la autoridad son los Huistas”.

Medrano Coleman denuncia que al final los secretarios políticos del partido de gobierno “son los que deciden a quién dar la ayuda y a quién no, y las personas por miedo a ser excluidos piden este tipo de carnet, para tener los beneficios”.

“Esto es una clara violación a los derechos de nuestras comunidades indígenas de acceder al apoyo y a las políticas públicas del Estado. Esto lesiona los derechos de nuestras comunidades indígenas”.

“Lamentablemente vivimos en un país donde el poder Ejecutivo controla todas las instituciones y por ende vemos esta situación. No es lo correcto, pero es lo que han venido haciendo”.

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