Vigencia de “Ley Mordaza” grave amenaza contra el periodismo independiente
“Cuatro de los artículos de la ‘Ley Mordaza’ son como un fusil apuntando a la cabeza de periodistas y comunicadores”, señala PCIN en un posicionamiento ante la entrada en vigencia de dicha ley
Tras la aprobación de la Ley Especial de Ciberdelitos o Ley Mordaza, ambas creadas y aprobadas por el régimen de Daniel Ortega, el gremio de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) dieron a conocer por medio de un comunicado su posicionamiento final donde rechazan y condenan, firmemente, esta acción.
“PCIN presentamos ante la ciudadanía nicaragüense dentro y fuera del país, la comunidad internacional y sus representaciones diplomáticas, así como a las distintas organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos y libertad de prensa, nuestro rechazo y condena a la entrada en vigencia de la Ley Especial de Ciberdelitos o Ley Mordaza”.
En este mismo comunicado destacan algunos artículos que amenazan directamente a los periodistas; ya que, cualquier información difundida por el o la comunicadora, aunque cuente con diversas fuentes que corroboren el trabajo, corre el riesgo de ser tipificada a como lo decidan los jueces o las autoridades subordinadas al régimen.
También hacen hincapié en uno de los artículos que busca reprimir o censurar a los periodistas, activistas o ciudadanos que se encuentran fuera del país y que no estén de acuerdo con las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado de Nicaragua.
“Cuatro de los artículos de la ‘Ley Mordaza’ son como un fusil apuntando a la cabeza de periodistas y comunicadores”, señala PCIN, que destaca que “en su artículo 3, la ley utiliza una serie de términos ambiguos e imprecisos para justificar la criminalización de la actividad cotidiana de periodistas, comunicadoras y comunicadores; imprecisiones que le dan amplia libertad a jueces progobierno para imputar condenas políticas a periodistas”.
Ante esta situación, PCIN exhorta a todos y todas sus agremiadas a no publicar ninguna información sin antes corroborar, pese a que esto no evitará las acciones represivas en su contra, pero dificultará el proceso. De igual manera, piden a los organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, a acompañarlos en la defensa en contra de dicha ley.
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