Procuraduría podrá realizar inspecciones ambientales con fuerza policial
Con la nueva ley, Procuraduría deliberará sobre la viabilidad ambiental de iniciativas económicas.
La PGR tendrá facultad para determinar si actividades económicas están acordes al marco jurídico de protección ambiental del Estado nicaragüense.
Por iniciativa de la Asamblea Nacional bajo control sandinista, será la Procuraduría General de la República el ente que llevará a cabo trámites y emitirá permisos ambientales, según consta en el texto de la Ley para la Certificación de Permisos y Autorizaciones Ambientales, aprobada el pasado jueves, 15 de febrero.
La ley faculta a la PGR de valerse de la Policía Nacional para “realizar verificaciones o inspecciones”, hecho que hizo saltar las alarmas en los sectores de inversión relacionados con el medio ambiente, como es el caso de la energía limpia o renovable.
Lea además: Régimen no necesita proyectos externos para proteger el ambiente, señala experto
Una fuente anónima dentro del rubro de la energía renovable dijo a Energía Estratégica, medio especializado en iniciativas de energía limpia para el bienestar del medio ambiente, que la iniciativa era recibida en el rubro como “un espanto” que sólo obstaculizará esa clase de inversiones en el país.
Antes de aprobarse la ley, era el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) el encargado de tales autorizaciones0. La nueva ley degrada al MARENA, volviendo asistente del proceso de verificación de la PGR.
La certificación ambiental avala que empresas o personas interesadas en proyectos económicos llevarán a cabo tal actividad en concordancia con el marco jurídico de protección del medio ambiental del Estado de Nicaragua. Esta autorización habrá de gestionarse en un periodo de 20 días y la institución definió un periodo de respuesta de entre 30 y 60 días.
El cambio ocurre “a fin de mantener congruencia, armonía e integralidad en la protección del medio ambiente”, razonaron los diputados sandinistas. Expertos internacionales apuntan a que esta reforma podría desincentivar las inversiones en el país algo que, en medio de una crisis económica persistente, el país no se puede permitir.