Abogados de indígenas y afrodescendientes esperan que el Estado sea declarado culpable por la Corte IDH
“Nosotros esperamos que desafortunadamente, el Estado de Nicaragua sea encontrado culpable de las violaciones de derechos humanos en contra de estos pueblos”, dijo a República 18 un abogado del Centro de Asistencia Legal para los Pueblos Indígenas (Calpi)
Abogados que acompañan a los representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), esperan que “se reconozca” la responsabilidad del Estado de Nicaragua en la violación de sus derechos.
El pasado jueves 2 de febrero se llevó a cabo la Audiencia Pública en el Caso Pueblos Rama y Kreol, Comunidad de Monkey Point y Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields y sus miembros contra el Estado de Nicaragua, en San José, Costa Rica.
Estado viola el derecho a la autodeterminación de los pueblos
La audiencia contra el Estado de Nicaragua se realiza con el fin de determinar la responsabilidad del régimen de Daniel Ortega en la usurpación del 93% del territorio correspondiente a estos pueblos indígenas y afrodescendientes.
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“Nosotros esperamos que desafortunadamente, el Estado de Nicaragua sea encontrado culpable de las violaciones de derechos humanos en contra de estos pueblos”, dijo a República 18 un abogado del Centro de Asistencia Legal para los Pueblos Indígenas (Calpi).
El representante legal señaló que los principales derechos vulnerados a los pueblos indígenas y afrodescendientes “son específicamente el derecho a la propiedad, el derecho a la libre determinación, el derecho a vivir en un ambiente sano y el derecho a defender derechos de parte de las autoridades, líderes y lideresas”.
Indígenas y afrodescendientes en indefensión total
“El Estado no solo emitió ese esquema normativo del Canal, si no que toda la comunidad negra de Bluefields estaba en proceso de titulación y luego crearon un gobierno paralelo que aprobó solamente un 7% del reclamo ancestral de este pueblo”, señaló.
De igual manera agregó que el Estado cooptó al presidente del gobierno territorial y lo hizo firmar un convenio perpetuo de 266 kilómetros cuadrados perpetuos en arriendo, “el arriendo sabemos que es un alquiler, es temporal, no definitivo, lo que es ilegal porque según la legislación nicaragüense la tierra indígena no puede ser donada ni vendida”, señala.
El representante legal de Calpi explicó que las medidas del Estado generan afectaciones a la comunidad entera pues el Estado no ha realizado un proceso de saneamiento territorial dentro del territorio Rama y Kreol, así como de ninguno de los 23 territorios indígenas y afrodesdendientes que han sido titulados en Nicaragua.
Demandas al Estado empezaron en 2012
El representante legal de Calpi dijo que la demanda de los pueblos indígenas y afrodescendientes iniciaron desde el año 2012, con un recurso de amparo presentado ante la Corte Suprema de Justicia presentado en el mes de junio del mismo año contra la Ley 800 o Ley del Gran Canal Interoceánico, pues la construcción del megaproyecto afectaría el 52% del territorio de estos pueblos.
Luego, en junio de 2013, un mes después de haber sido aprobada la Ley 840 o Ley del Régimen Jurídico y de la Autoridad del Canal interoceánico al menos 32 organizaciones entre las que se encontraban los pueblos indígenas y afrodescendientes habrían presentado 21 recursos de amparo contra el proyecto.
“Sin embargo la Corte no dio lugar a ningún recurso, más bien los magistrados, antes de emitir una sentencia salían en los medios de comunicación diciendo que no había ningún problema, lo que no es correcto, porque el juez habla a través de la sentencia, no puede dar juicios antes de tomar la sentencia”, agregó el abogado.
Sistema judicial negó derechos a pueblos indígenas y afrodescendientes
También agregó que todo el sistema judicial nicaragüense negó toda protección judicial para estos pueblos, acción que considera “es particularmente grave” porque se supone que el sistema judicial es el que tiene que velar por los derechos humanos de los ciudadanos.
Luego de la negativa de la Corte Suprema de Justicia, en el mes de julio de 2014 el caso entró a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo internacional que trató de alcanzar un acuerdo entre las partes sin llegar a conseguirlo.
La negativa del régimen de Ortega en darle respuesta a los comunitarios de la Costa Caribe llevó el caso en noviembre de 2021 el caso ante la Corte IDH, donde ningún representante del Estado se presentó. Ahora, se espera que este 3 de febrero se presenten los alegatos finales ante la Corte y después de 6 u 8 meses la Corte IDH dicte una sentencia.
