Defensores señalan que en Nicaragua no hubo elecciones

El Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH), señaló que las elecciones generales de Nicaragua del pasado 7 de noviembre fueron ilegítimas y comprendieron una farsa electoral, permitiendo la reelección por cuarto período consecutivo al presidente nicaragüense Daniel Ortega Saavedra.

A través del informe “En Nicaragua no hubo elecciones”, el Cenidh alerta sobre el alto abstencionismo en los comicios, que la organización independiente Urnas Abiertas lo colocó en más del 80%.

“El abstencionismo generalizado, las detenciones arbitrarias contra opositores, el entorpecimiento del pluralismo y la participación política, la falta de garantías electorales, los resultados falsos e irregularidades reportadas, permiten concluir que estas elecciones fueron ilegítimas, una farsa electoral”, señaló el Cenidh.

La organización defensora de derechos humanos alerta que debido a la persecución de la oposición y a la falta de independencia de los poderes del Estado, no existen garantías para un proceso creíble y democrático.

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“Otro elemento que suscitó la farsa electoral fue la violación a la personalidad jurídica de los partidos políticos de la oposición, el Partido Restauración Democrática (PRD) y Ciudadanos Por la Libertad (CXL), dejando a la oposición, (69 por ciento de la población) según CID Gallup en su sondeo de octubre1, sin candidato ni partido, sin opción de elegir”, señala el informe.

Según el Consejo Supremo Electoral, Ortega se impuso en esos comicios con el 75,87 % de los votos, con una participación del 65,26 % de los 4,4 millones de nicaragüenses aptos para votar.

Hostigamientos, vigilancia e irregularidades durante el proceso

Cenidh detalla que en el contexto electoral, se registraron 28 hostigamientos, 32 detenciones, 22 irregularidades a la Ley Electoral, siete allanamientos, tres amenazas directas, tres restricciones migratorias, dos agresiones físicas, una obstaculización a la libre circulación y una muerte violenta.

“En 59 de las incidencias registradas se señala a la Policía Nacional, quienes actuaron — según las víctimas — en conjunto con civiles simpatizantes del partido de gobierno, paramilitares, incluso, en una ocasión, se señaló la presencia del Ejército. También, en otras 20 incidencias se menciona a funcionarios del Estado (canciller, alcalde, funcionarios del Sistema Penitenciario, Migración y Extranjería, Ministerio de Educación) y en 11 incidencias acusan a simpatizantes del partido de gobierno”, señala el informe.

El informe añade que se registró un incremento en la vigilancia política a opositores, periodistas y líderes religiosos que se opusieron a participar en las elecciones en Nicaragua.

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También, detalla las detenciones posteriores a los comicios, entre estas, la de la joven opositora Samantha Jirón.

“A la joven el Ministerio Público le está acusando conforme a la Ley 1055. La audiencia inicial la realizó la jueza Nalia Úbeda Obando del Juzgado Quinto Distrito de lo Penal de audiencia, circunscripción Managua. Su madre, Carolina Jirón, denunció ante La Prensa que su hija ya había recibido amenazas y persecuciones”, dice el Cenidh.

Coacción del voto durante elecciones en Nicaragua

Los funcionarios públicos y militantes fueron obligados a participar en las elecciones en las mesas electorales y depositando su voto a favor del presidente Daniel Ortega.

Según el observatorio multidisciplinario Urnas Abiertas, estas estrategias de “coaccionar el voto”, incluyeron un ‘plan de movilización’, visitas casa a casa, pagos de 500 córdobas por votar a favor de Daniel Ortega, oferta de beneficios sociales, petición de fotografías para demostrar la participación en las elecciones, amenazas, y visitas personales de funcionarios públicos para pedir el voto.

“En las visitas, de acuerdo al observatorio, los militantes sandinistas advirtieron a los nicaragüenses que quienes se abstuvieran de votar no podrían realizar trámites en instituciones del Estado”, señala el informe.

“La violencia es incompatible con la democracia, particularmente, los actos de persecución, hostigamiento y vigilancia agravan la situación de inseguridad, intimidación y sometimiento general, que hace imposible el ejercicio de los derechos políticos, el pluralismo y la libertad de expresión en Nicaragua”, concluye Cenidh.

Policía, Ejército y paramilitares promueven Estado de Excepción

Por su parte, el Observatorio de Derechos Humanos de la Asociación Nicaraguense por un Futuro Mejor, detalló en un informe que las elecciones en Nicaragua evidenciaron un irrestricto irrespeto a los derechos humanos, a las leyes nacionales y normas internacionales.

“La intimidación constante a sus ciudadanos, con un proceso electoral que fue diseñado para manipular, coaccionar, perseguir, detener y violentar, lo que se evidencio y acrecentó durante los días previos al 7 de noviembre”, señala el informe. 

Además, detalla que se dejó entrever la falta de control, la desesperación y la existencia de un estado de excepción donde prima el uso indebido de la fuerza, de la violencia y el uso desmedido de las armas contra el pueblo por parte de las estructuras parapoliciales, de la Policía y del Ejército de Nicaragua.

“La jornada electoral desarrolló una quinta etapa de represión y criminalización a aquellos quienes difieren y compiten contra el FSLN, tomando de evidencia las noches de miedo que se vivió días antes, durante y después de las elecciones”, añade.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Asociación Nicaragüense por un Futuro Mejor, registró más de 126 violaciones a Derechos Humanos durante todo el proceso electoral.