Corte IDH declara al Estado de Nicaragua en “estado de total desacato”

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) señaló que el Estado de Nicaragua se encuentra en “desacato permanente” con respecto al cumplimiento de las resoluciones emitidas por este organismo que ordenan la libertad de las personas presas políticas, que se encuentran en ocho centros de detención en el país.

“El Estado de Nicaragua se encuentra plenamente obligado a reconocer y adoptar las medidas necesarias para el cumplimento de esta resolución, que ordena la libertad, así como el hecho de adoptar medidas inmediatas para que las personas presas políticas se reúnan con sus familiares”, explicó el abogado Carlos Guadamuz, del organismo Nicaragua Nunca Más.

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Régimen desobedece llamados desde 2021

En reiteradas ocasiones, la Corte IDH ha solicitado a la dictadura de Daniel Ortega el respeto a la integridad física de quienes se encuentran secuestrados y la posibilidad de poder reunirse con sus familiares e hijos menores de edad.

Estas resoluciones desobedecidas por el régimen fueron realizadas el 24 de junio, 9 de septiembre, 4 y 22 de noviembre de 2021. Así como el 25 de mayo y 4 de octubre de 2022.

Según la Corte IDH esto “constituye un acto de desacato permanente a la obligatoriedad de las decisiones dictadas por este Tribunal, contrario al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe y un incumplimiento al deber de informar al tribunal”.

La falta de comunicación y colaboración de Ortega con lo ordenado por la Corte IDH pondría en una situación de desprotección absoluta a los beneficiados con las medidas cautelares e incrementa la situación de riesgo en la que se encuentran.

“Esto demuestra el desprecio del Estado de Nicaragua por el cumplimiento de los derechos humanos, el rechazo del Estado de Nicaragua hacia su deber de proteger y tutelar todas las garantías de los ciudadanos nicaragüenses”, comentó Guadamuz.

Estado de Nicaragua debe someterse a lo que dicta el tribunal de la Corte

El abogado Danny Ramírez-Ayérdiz, miembro del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) explicó a República 18 que la Corte IDH es un tribunal al que Nicaragua aceptó someterse desde que ratificó su competencia contenciosa en 1991.

Esto quiere decir que el Estado nicaragüense tendría todas las obligaciones que cualquier parte tiene en un juicio, entre ellas comparecer a las audiencias, algo que el régimen ni ninguno de sus representantes ha hecho, así como el cumplimiento de lo establecido por el tribunal.

“La naturaleza de un tribunal de derechos humanos es determinar si el Estado es responsable o no y cuando no hay procesos meramente judiciales como este, es el de proteger a las víctimas, en este caso a los presos políticos y lo hizo a través de esta herramienta que son las medidas provisionales”, agregó.

Para el abogado nicaragüense, en términos de derechos humanos, la desatención del régimen “es un horror”. “Nicaragua está en desacato permanente. Pero no es desde ahora. Desde antes de la crisis no asistía a las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni de la Corte”, señaló.

Ramírez-Ayérdiz sostuvo que aunque Nicaragua no colabora con los organismos internacionales de derechos humanos, “no puede ignorar lo que la Corte IDH dispone porque es de obligatorio cumplimiento”.

Nicaragua atraviesa una de sus peores crisis en tiempos de paz. Desde el año 2018 el régimen de Daniel Ortega mantiene encarceladas a más de 200 personas por razones políticas y es el principal responsable del asesinato de unas 355 personas, según constató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).