PCIN y Colectivo de Derechos Humanos denuncian impunidad en Nicaragua

La organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ emitieron un comunicado en ocasión del Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, este 2 de noviembre, desde San José, Costa Rica.

En el que denunciaron “los crímenes impunes cometidos por la dictadura de Nicaragua contra centenas de periodistas y decenas de medios de comunicación” desde el inicio de la crisis en abril de 2018, pero también mucho antes.

Estos crímenes cometidos desde el Estado o por simpatizantes del partido de gobierno, el Frente Sandinista, incluyen, pero no se limitan, a “criminalización, asedio, detenciones, agresiones, enjuiciamientos (injustos, politizados e irregulares), confiscaciones de medios de comunicación, destierro y desnacionalización“.

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La fecha conmemorativa fue acordada en 2013 por la Asamblea General de Naciones Unidas como homenaje al asesinato de los periodistas franceses Ghislaine Dupont y Claude Verlon en el país africano de Mali.

En el comunicado, las organizaciones hicieron un breve recorrido por el historial de represión del régimen sandinista. “La impunidad de los crímenes contra periodistas aumentó progresivamente desde 2008”, cuando “turbas pro-gobierno agredieron a periodistas que cubrían las protestas masivas por el fraude electoral cometido por el partido del dictador Daniel Ortega”.

Ni se investigaron ni se castigaron las heridas, golpes, robos y el vandalismo contra los equipos y vehículos, en perjuicio de aquellos periodistas. Un informe presentado en 2012 contabilizó unas 88 agresiones para ese momento. El asesinato del periodista Ángel Gahona el 21 de abril de 2018 fue un punto de inflexión para el periodismo en Nicaragua.

En medio de una crisis que “dejó al menos 355 muertos, miles de heridos y detenidos“, “la embestida de la dictadura de Nicaragua comenzó bloqueando transmisiones de medios de comunicación, reteniendo papel, tinta y otros insumos a periódicos como La Prensa y El Nuevo Diario (ahora extinto), confiscando en diciembre de 2018 la televisora 100%Noticias y apresando a su director, Miguel Mora, y a su jefa de redacción, Lucía Pineda“, destaca el texto.

Medios de comunicación como La Prensa y Confidencial fueron también confiscados en los años siguientes, tras marcadas campañas de acoso que forzaron a cientos de periodistas al exilio.

Para 2020, el Observatorio de PCIN ya registraba alrededor de 1600 agresiones contra periodistas y medios independientes de Nicaragua. En 2021, fueron más de 1500 y en 2022, la organización Voces del Sur estimó unas 700 agresiones en contra de la libertad de prensa en el país.

El último informe trimestral de la organización Artículo 19 para la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información encontró que “La deriva autoritaria del país sigue profundizándose y se expresa en situaciones que se podrían considerar inverosímiles por el nivel de arbitrariedad y cinismo“. En septiembre de este año, Voces del Sur y la Fundación para la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED) han contabilizado 1329 violaciones al derecho a la libertad de expresión desde el inicio de la crisis.

Víctor Ticay, corresponsal de Canal 10, ya suma 7 meses detenido sin derecho al debido proceso luego de que lo condenaran a 8 años de prisión, acusado de difundir información falsa y conspirar para desestabilizar la integridad nacional, todo por haber cubierto una actividad religiosa.

Tanto PCIN como el Colectivo “se solidarizan con el periodismo nicaragüense, reconocen su labor como parte esencial de la democracia, la justicia y la verdad, y demandan que se investigue, acuse y sanciones a los responsables de la enorme y sistemática represión contra periodistas y medios de comunicación” en Nicaragua, donde “el ciento por ciento de las agresiones en contra de periodistas siguen en la impunidad“.

“Exigimos justicia por el asesinato del periodista Ángel Gahona, el restablecimiento de la libertad de expresión en Nicaragua, la devolución y reparación de los bienes confiscados inconstitucionalmente, que se deroguen todas las leyes represivas que generan censura en la población y, en general, que se investiguen y sancionen los crímenes cometidos en contra de los y las periodistas en Nicaragua“, cierra el comunicado.