Futuro censo podría utilizarse como mecanismo de control, advierten expertos
Aunque de primera necesidad después de casi dos décadas sin censo, expertos temen que pueda aumentar el control del gobierno sobre los ciudadanos
Después de 18 años sin realizarse, el gobierno de Nicaragua anunció que 2024 será el año del IX Censo Nacional de Población, así como del V Censo Nacional de Vivienda y el V Censo Nacional Agropecuario.
Fue a través del Decreto Presidencial 10-2023, publicado en La Gaceta, diario oficial del Estado de Nicaragua el pasado marte, 8 de agosto, que esta serie de mediciones “de interés nacional” se anunciaron al público, aunque sin fechas exactas.
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Expertos temen que detrás de un proceso como este, de primeras necesario para mejorar la capacidad del gobierno de resolver problemas, se esconda un ardid para aumentar el control del régimen sandinista sobre los ciudadanos nicaragüenses.
Los censos serán llevados a cabo por la Comisión Nacional de Censos, una nueva entidad conformada por los ministerios de Hacienda, Agropecuario, Salud y Educación; la Policía y el Ejército; los institutos Nicaragüense de Información para el Desarrollo, de Vivienda Urbana y Rural y de Fomento Municipal; y el Banco Central de Nicaragua.
La última vez que se realizaron estas mediciones fue en 2005, hace 18 años, y debían realizarse originalmente en intervalos de 10 años para monitorear el cambio demográfico y económico en Nicaragua, pero la administración sandinista de Daniel Ortega, en el poder desde 2007, no renovó la práctica.
Censo hacia el control
El economista y sociólogo Douglas Castro considera probable que el control “sea uno de los objetivos” de un censo tan tardado. “Un país siempre necesita censos porque las poblaciones cambian y es necesario saber cuál es el estado de la misma para formular políticas que les beneficien” dijo Castro a República 18.
“Sin embargo, en un régimen autoritario como el actual también pueden utilizar esa información con objetivos non sanctos” expuso Castro, quien cree que la migración sea uno de los aspectos que el régimen buscaría documentar para sus propósitos de control.
Minorías religiosas y en general disidentes políticos podrían ser discriminados y perseguidos utilizando los datos del censo, apunta Castro, una realidad que podría afectar la integridad del proceso pues empujaría a las personas afectadas a mentir para proteger su seguridad.
En esto concuerda también un experto en seguridad que consultó República 18, pero que prefirió permanecer bajo el anonimato. “Lo más probable es que esa información sea utilizada para efectos de control y para identificar movimientos de personas de interés” dijo la fuente, enfatizando que esto es muy probable dada la participación de agentes partidarios y policiales en procesos anteriores, como el Censo Nacional de Alfabetización organizado por el Ministerio de Educación e INIDE en junio de este año.
La fuente explicó que “en Nicaragua siempre se ha argumentado la falta de recursos para justificar el vacío de información sin los censos”, por lo que considera sospechoso el anuncio.
Según vaticina el experto, de realizarse el censo, este revelará de manera más visible los efectos de la oleada migratoria producida por la crisis sociopolítica de los últimos cinco años, que según estimados de organizaciones defensoras de derechos humanos ha forzado a cerca del 9% de la población del país a partir al exilio.
