Asamblea General de la OEA aprueba resolución que demanda al régimen brindar información sobre la salud de monseñor Álvarez
Insta al régimen a que deje sin efecto las detenciones y el despojo de la nacionalidad y a que se abstenga de la instrumentalización de mecanismos jurídicos y legislativos en contra de disidentes.
Durante la quincuagésima tercera sesión, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes 23 de junio por unanimidad la versión consensuada de la Resolución “La crisis de derechos humanos en Nicaragua” que insta al régimen de Daniel Ortega a que se abstenga de reprimir y detener arbitrariamente a líderes de la Iglesia católica y que brinde información sobre la salud de monseñor Rolando Álvarez. También llama a que deje sin efecto las detenciones y el despojo de la nacionalidad y llama a los Estados Miembros para que hagan todo lo posible para “alentar a las autoridades nicaragüenses a emprender un diálogo al más alto nivel”.
“Instar al Gobierno de Nicaragua a que se abstenga de reprimir y de detener arbitrariamente a líderes de la Iglesia católica y a que brinde información sobre la salud física y psicológica del Obispo Rolando Alvarez, a quien —según la información recibida— se le mantiene aislado en instalaciones de máxima seguridad”, indica el cuarto punto de la resolución aprobada.
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Enseguida en quinto punto, la Asamblea General exhorta a la autoridades de Nicaragua para “que deje sin efecto las normas que permiten privar arbitrariamente de su nacionalidad a ciudadanas y ciudadanos, y que restringen libertades públicas, y a que se abstenga de la instrumentalización de mecanismos jurídicos y legislativos en contra de disidentes”.
La propuesta de resolución fue presentada principalmente por Canadá y cuenta con el consenso de la mayoría de países agrupados en la OEA, incluyendo a Brasil, que finalmente cedió en sus intenciones de suavizar el documento, para que no fuera tan crítica con la dictadura orteguista que mantiene sumergida a Nicaragua y sus habitantes en una profunda crisis sociopolítica desde abril 2018.
La Asamblea General de la OEA concluyó este viernes en Washington DC. Estados Unidos.
Cabe mencionar que de los 35 Estados miembros de la OEA, solo 33 están activos actualmente, pues Venezuela y Nicaragua no tienen representación y Cuba no participa. Los tres países son considerados regímenes dictatoriales dirigidos por Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz Canel, respectivamente, por cometer graves violaciones de derechos humanos.
El único representante de los Estados que tomó la palabra fue el de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders quien mencionó que “apoyamos con firmeza su contenido reconociendo la necesidad urgente de abordar la crisis grave de derechos humanos que existe Nicaragua, es esencial que presentemos un mensaje firme ante el gobierno de Nicaragua condenando la represión y opresión persistente”.
El exrepresentante de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields reaccionó y dijo que “es una resolución que refleja lo que está pasando en el país, es una victoria para el pueblo de Nicaragua, es una victoria sobre las mentiras y las falsas narrativas que se quería imponer ante la OEA, y el corazón de la resolución, aunque Ortega se quiera olvidar de la OEA, la OEA no se olvida de Ortega”.
Los otros puntos de la resolución
En el punto numero uno, los Estados instan al régimen a que cese toda violación a los derechos humanos y respete los derechos civiles y políticos, como de las libertades religiosas, y el Estado de derecho y a que se abstenga de toda forma de intimidación y acoso contra periodistas, medios de comunicación, comunidades religiosas y organizaciones no gubernamentales, respetando su derecho a la libertad de expresión y de pacífica reunión.
Asimismo, le instan a que cumpla las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de liberar de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos.
También piden que la dictadura implemente “medidas para garantizar la independencia, rendición de cuentas e imparcialidad del sistema de justicia y otras instituciones estatales relevantes”.
Y llaman al régimen a que “coopere plenamente con los órganos internacionales de derechos humanos, incluso mediante acceso a su territorio y para que implemente las recomendaciones emitidas por la CIDH y otros órganos internacionales de derechos humanos”.
De la misma manera, instan a la Comisión de Derechos Humanos que continúe monitoreando la situación de derechos humanos en Nicaragua, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que busque la cooperación del Gobierno de Nicaragua en este sentido y a que brinde toda la asistencia razonable al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua en apoyo a la ejecución de su mandato vigente.
Y finalmente solicitan al Consejo Permanente de la OEA que siga ocupándose de la situación política y de derechos humanos en Nicaragua, recibiendo periódicamente información actualizada de la CIDH y de otros organismos expertos, y que considere todas las acciones adicionales que puedan ser conducentes al efectivo ejercicio de la democracia representativa, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en el país, incluso “instando al Grupo de Trabajo sobre Nicaragua a que haga que la agenda para cualquier diálogo con las autoridades nicaragüenses sea la más amplia posible en el marco del respeto a la democracia, el derecho internacional y el principio de no intervención“.
Presidente de la Corte IDH
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Eduardo Ferrer Mac-Gregor durante su intervención se refirió a la situación de desacato del régimen de Daniel Ortega en cuanto a las resoluciones dictadas por el tribunal.
“Respecto de Nicaragua a través de resoluciones adoptadas el 22 de septiembre de 2022, el tribunal dispuso que su presidente informe al Consejo Permanente de esta organización sobre el incumplimiento por parte del Estado de Nicaragua a lo ordenado por la Corte al conceder medidas provisionales a un grupo de personas privadas de libertad y a su núcleo familiares quienes son identificados como opositores o críticos al actual gobierno de Nicaragua quienes se encontraban detenidos en condiciones de riesgo inminente de su vida, integridad, salud y alimentación adecuada. El 29 de marzo de 2023, informé al Consejo Permanente que el Estado de Nicaragua no solamente ha incumplido por lo ordenado por la Corte y se ha negado a informar sobre la situación de las personas beneficiarias, sino que ha manifestado en formas reiteradas ha rechazado a lo ordenado por la Corte. La última comunicación oficial que la Corte tuvo con Nicaragua fue recibida por el gobierno de Nicaragua el 11 de abril de 2022, la Corte hace un llamado a los Estados parte a cumplir con su rol de garantía colectiva para el debido cumplimiento de las sentencias dictadas por el tribunal”, apuntó Mac-Gregor.
