“La crisis en Nicaragua es de especial inquietud” para la Santa Sede, asevera su representante en la OEA

El observador permanente de la Santa Sede, monseñor Miroslaw Wachowski durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), se refirió a la situación que vive la Iglesia católica en Nicaragua. Aseguró que la crisis en el país centroamericano es de “especial inquietud” debido a que “afecta tanto a personas como instituciones, incluidos católicos y de la Iglesia católica. Un ejemplo claro, es el encarcelamiento injusto del obispo Rolando Álvarez”.

Monseñor Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, que tras haberse negado a ser desterrado a EE.UU. junto a los 222 ex reos políticos el pasado 9 de febrero, fue condenado a más de 26 años de cárcel y desde ese momento fue trasladado a las celdas de máxima seguridad del Sistema Penitenciario Jorge Navarro mejor conocido como “La Modelo”.

Monseñor Wachowski indicó que “la Santa Sede está convencida de la necesidad de superar la lógica partidaria y trabajar de manera constante por el bien común. Esto incluye la búsqueda concreta de la paz, fundada en la verdad, la justicia, la libertad y el amor, y alcanzada a través del ejercicio paciente del diálogo”.

El representante y observador de Italia, Simone Turchetta, expresó que “seguimos con preocupación la grave situación de Nicaragua y la represión desatada contra los opositores políticos, la sociedad civil y la Iglesia católica, la misma preocupación se dirige a la crisis sociopolítica en Venezuela respecto a la cual apoyamos los esfuerzos para el diálogo que lleve a la celebración de elecciones transparentes y claras en 2024 “.

Demanda de la oposición

La demanda de la oposición en exilio es que la Asamblea General de la OEA declaré ilegítimo al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que arranca este miércoles en la quincuagésima tercera sesión celebrada en Washington D.C., Estados Unidos, donde se encuentran opositores y representantes de la sociedad civil.

Durante el desarrollo de la Asamblea General que finaliza el viernes, se espera que se apruebe una nueva resolución referente a la agudización de la crisis de Nicaragua que condene la represión del régimen y abogue por la liberación de los presos políticos, entre ellos monseñor Álvarez.

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El diario La Prensa reportó que la secretaria general de relaciones exteriores de Brasil, María Laura de Rocha, habría evitado hablar sobre los cambios propuestos por su representación a la resolución sobre Nicaragua en la OEA que busca condenar la situación de Nicaragua, argumentando que “estamos buscando un texto que sea interesante para todos”.

Un grupo de 56 nicaragüenses desterrados desnacionalizados por la dictadura orteguista a través de una carta abierta dirigida a los gobiernos de la región demandan que “el gobierno de Ortega Murillo, resultado de una mascarada electoral en 2021, sea declarado ilegítimo por esta 53 Asamblea General de la OEA”.

Represión de Nicaragua

Representantes de la sociedad civil de Cuba, Colombia y México durante sus intervenciones abordaron la represión que viven los nicaragüenses como consecuencia de la dictadura orteguista.

Rosa María Payá, de la Fundación para la Democracia Panamericana en representación de la democracia, justicia y liberación denunció la situación de los más 1,500 presos políticos en América Latina destacando a monseñor Álvarez en Nicaragua.

“Denunciamos la injerencia autoritaria de la dictadura cubana como un factor fundamental en la inestabilidad de la democracia que sufre nuestra región (…) la exportación del modelo represivo cubano fue crucial en el colapso de la democracia en Venezuela, denunciamos la práctica de expatriar a presos políticos y otros exiliados que hizo el régimen Ortega-Murillo en febrero pasado, algo que también hace la dictadura cubana, las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, Cuba y Venezuela, son reales y no son una narrativa como dijo el presidente Lula, de Brasil. Exhortamos a Brasil a defender la democracia, es hora que los Estados de las Américas se unan contra los dictadores”, expresó Payá.

La colombiana Diana Carolina Rodríguez, de la Fundación Bendice al Prójimo, exigió ante la Asamblea General de la OEA que abogue por la libertad religiosa en la región, destacando la persecución que viven los sacerdotes y obispos en Nicaragua.

“La persecución en Nicaragua es absurda han expulsados a lideres religiosos porque simplemente no comparten las ideas progresistas, autoritarias, y dictatoriales, en ese país, tampoco tiene sentido lo que está pasando en México o en Colombia”, señaló.

En esa misma línea, el mexicano Rodrigo Iván Cortez en presentación de la Coalición por la Libertad de Conciencia y Expresión, en su intervención expuso la persecución de la dictadura de Ortega a la Iglesia católica y pidió una posición enérgica de la OEA. En Nicaragua, “se está llevando a cabo una sistemática violación del derecho a la libertad religiosa contra la iglesia católica, donde sus ministros de culto han sido encarcelados y condenados bajo acusaciones tan falsas como absurdas, como es el caso del obispo Rolando Álvarez, que clama al cielo”.

Asimismo, denunció que el régimen de Ortega ha expulsado órdenes religiosas como la de la madre Teresa de Calcuta, y que “se han cerrado sus medios de comunicación (de la Iglesia), clausurados sus instituciones educativas, se prohíben manifestaciones públicas de fe, como las procesiones de Semana Santa”.

Demandas de las mujeres

La socióloga y feminista nicaragüense, María Teresa Blandón en representación de la Coalición de Derechos Humanos de las Mujeres en las Américas durante su intervención en la quincuagésima tercera Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Exhortamos a los Estados miembros de la Asamblea General de la OEA a priorizar políticas públicas para adoptar sin más dilaciones las garantías para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y niñas en toda su diversidad y sin exclusión de ningún tipo, para fortalecer una cultura de responsabilidad democrática los Estados miembros deben de respetar la autonomía de las mujeres, el derecho a vivir libres de violencia, el acceso a la salud sexual y reproductiva incluyendo la educación sexual integral, la anticoncepción y servicios de abortos seguros”, expresó Blandón.

Enseguida, mencionó que el caso de Beatriz de El Salvador presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) “constituye un claro ejemplo del impacto de la penalización absoluta del aborto tienen las mujeres”.