“El régimen lo que pretende es aplastarnos civil y políticamente”, afirman nicaragüenses despojados de su nacionalidad
El grupo de nicaragüenses despojados de su nacionalidad y patrimonio también está emprendiendo acciones legales ante instancias internacionales
Un grupo de nicaragüenses que forman parte de las 317 personas despojadas de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua calificaron esta acción como un “crimen de lesa humanidad” que puede ser juzgado ante la Corte Penal Internacional.
“El régimen lo que pretende es aplastarnos civil y políticamente, pretende que nos inmovilicemos y que no podamos seguir defendiendo la democracia y que perdamos el tiempo en tratar de resolver un problema personal”, mencionó la opositora, Edipcia Dubón.
El grupo de nicaragüenses despojados de su nacionalidad realizó leyó un pronunciamiento este 3 de marzo denominado “Somos y seguiremos siendo nicaragüenses”.
“La nacionalidad es un derecho inalienable y nadie nos lo puede arrebatar”
Durante la lectura del pronunciamiento, los políticos y activistas mencionaron que a pesar de las acciones que el régimen ha tomado con este grupo de 317 nicaragüenses, “la nacionalidad es un derecho inalienable y nadie nos lo puede arrebatar”.
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De igual manera mencionaron que el “arrebato de su nacionalidad”, la cancelación de sus derechos constitucionales, así como la eliminación de su nombre dentro del registro civil y el despojo de su patrimonio “constituyen crímenes de lesa humanidad”, como la mencionó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Y explicaron que aunque Nicaragua no sea firmante del Estatuto de Roma, que persigue los crímenes de lesa humanidad, las acciones arbitrarias del régimen de Ortega sí pueden ser conocidos por la Corte Penal Internacional.
Emprenderán acciones legales en instancias internacionales
El economista, Enrique Sáenz, mencionó que respecto a la pérdida de su pensión, derecho que les ha sido vulnerado, el grupo de nicaragüenses afectados iniciarán una serie de procesos legales no solo en instancias internacionales, si no también en instancias jurisdiccionales.
“Igual en el tema del despojo de nuestra nacionalidad, ya estamos emprendiendo acciones ante las instancias competentes, porque en este caso particular, se trata de una acción prácticamente medieval, nacista. Y que tiene antecedentes en las más crueles dictaduras”, agregó Sáenz.
Por su parte el Colectivo de Derechos Nicaragua Nunca Más mencionó que están solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una audiencia que se llevará a cabo a mediados de marzo para abordar la situación legal en la que se encuentra este grupo de 317 nicaragüenses.
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Aunque los 222 presos políticos expulsados fueron favorecidos con un parole humanitario de 2 años y que países como España, Argentina, Chile, Colombia y Panamá han ofrecido la nacionalidad a los más de 300 afectados, la mayoría se encuentra analizando que medidas o decisiones tomarán a corto o mediano plazo, pues deben determinar de qué manera afectará o no, los procesos de asilo que llevan en los países donde se encuentran.
El grupo de Nicaragüenses despojados de su nacionalidad también hizo un llamado especial a las naciones centroamericanas para que se manifiesten en contra de “esta atrocidad”, que calificaron de “inadmisible” dentro de cualquier democracia y pidieron la liberación de los 37 presos políticos que se mantienen en Nicaragua.
