Activistas exiliados denuncian que nuevas medidas migratorias en Costa Rica son una “regresión en materia de derechos humanos”

Defensores de derechos humanos y activistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica denuncian que los dos nuevos decretos, anunciados este miércoles por el presidente Rodrigo Chaves, restringen la libre movilización y representan una regresión en materia de derechos humanos para las personas solicitantes de refugio, que en su mayoría son de Nicaragua.

Este 30 de noviembre se dio la firma de los decretos que contienen estos cambios: uno que implica una reforma al Reglamento de Refugio (que entra en vigencia a partir de su publicación) y otro sobre la Categoría Especial Temporal para Personas Nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela (vigente a partir de marzo de 2023).

Chaves había declarado, el pasado 16 de noviembre, que hay migrantes que abusan del sistema de refugio costarricense y que la comunidad internacional no le ha colaborado económicamente a como debe. Las declaraciones del mandatario fueron cuestionadas y recibió una ola de críticas.

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Esto elevó la alarma de organizaciones y defensores de derechos humanos que trabajan con migrantes, quienes afirmaron que el mandatario no puede pasar encima de los tratados y convenciones internacionales en los que Costa Rica es país firmante.

Preocupación por nueva legislación de Costa Rica

La activista de derechos humanos nicaragüense, Alexa Zamora, señaló que las nuevas medidas son “bastante preocupantes” y representan “una clara regresión en materia de derechos humanos” para con las personas solicitantes de refugio.

De igual manera, Zamora manifestó que estas medidas básicamente reconocerían a las personas solicitantes de refugio que cuenten con permiso laboral y paguen el seguro de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), lo que recae en una doble victimización o doble vulneración de las personas con solicitud de refugio, quienes difícilmente pueden obtener ingresos para pagar su sobrevivencia en un país excesivamente caro como Costa Rica.

“Una persona migrante o solicitante de refugio no sale de su país en las mejores condiciones económicas, sobre todo si se supone que esta legislación está creada para personas que no son migrante económicos”, añadió Zamora.

Zamora es solicitante de refugio en Costa Rica y, actualmente, se encuentra fuera del país por asuntos profesionales. Las medidas migratorias anteriores le permitían viajar hacia cualquier lugar, excepto, su país de origen. “Según esto, no puedo entrar a mi país a raíz del exilio, ni a Costa Rica porque mi caso queda automáticamente archivado por Migración”, señaló.

Como ella, decenas de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos solicitantes de refugio en Costa Rica, han podido viajar a diferentes países para realizar incidencia política, a denunciar las violaciones a derechos humanos, a conferencias, foros y talleres académicos a los que son invitados por la diplomacia internacional.

“Si te ponés a pensar en defensores de derechos humanos, que tienen que ir a comparecencias ante tribunales internacionales, víctimas, e incluso estudiantes que gozan o aspiran tener becas fuera de Costa Rica ya no podrán hacerlo”, puntualizó Zamora.

La activista agregó que la situación migratoria en Costa Rica “no implica una carga específica al Estado costarricense, ni siquiera una afectación”, tal y como lo trata de hacer ver el presidente Chaves.

El periodista Josué Garay, exjefe de prensa del precandidato presidencial y preso político Félix Maradiaga, manifestó que las nuevas medidas quitan la posibilidad de denuncia, incidencia, educación y participación internacional a decenas de personas que intentan lograr el retorno de la democracia y la justicia en Nicaragua.

“El decreto dice que un solicitante de refugio no puede salir a un tercer país porque esto representa la inexistencia real de una protección internacional. Esto es ilógico porque quienes hemos hecho denuncia internacional son los que hemos solicitado el permiso a Migración para poder salir. Básicamente ahora nos están poniendo un bozal”, dijo Garay.

“Es una restricción evidente a la libre movilización”

La nueva reforma al artículo 59 de la Ley General de Migración costarricense establece que “no se autorizará bajo ninguna circunstancia el viaje para personas solicitantes de refugio”.

Marco Aurelio Peña, activista, abogado y docente nicaragüense que llegó a Costa Rica en noviembre de 2021, sostuvo que los nuevos decretos son “una restricción muy evidente a la libre movilización de los nicaragüenses que residen en ese país.

En Costa Rica, luego que una persona solicita refugio debe esperar tres meses para tener su documento de solicitante, otros tres meses para el permiso laboral y un período no determinado para la entrevista de elegibilidad y luego para la resolución. Esto puede alargarse de 3 a 5 años.

Peña ha salido de Costa Rica a foros e instancias internacionales para denunciar la grave crisis de derechos humanos que se vive en Nicaragua. Sin embargo, bajo la nueva legislación no podrá hacerlo. “Es un balde de agua fría, es una noticia muy negativa y de ninguna manera abona en positivo a la comunidad nicaragüense”, agregó.

“El ordenamiento jurídico costarricense en materia de refugio se diferenciaba y otorgaba esta posibilidad para que los nicaragüenses podamos salir a visitar a nuestras familias en otros países. Y los actores políticos y sociales viajaran cuando fueran invitados a diferentes foros internacionales para intercambiar conocimiento y denunciar lo que pasa en Nicaragua. Ahora esto se ha visto afectado negativamente”, mencionó Peña.

Nicaragüenses ya ha tenido problemas para viajar sin la nueva legislación

Otra preocupación de Zamora es que aunque los nuevos decretos emitidos por Migración no estaban vigentes hace varios meses, la libre movilización de nicaragüenses hacia otros países ya era difícil, pese a que la persona contara con el permiso que otorgaba la Dirección General de Migración.

“He visto casos de jóvenes a quienes han intentado deportar de Costa Rica aún siendo solicitantes de refugio y que, antes de esta legislación, solo tenías que solicitar el permiso que ibas a salir. Si esto ya es una realidad, no me quiero imaginar el potencial que tiene ahora para que estas irregularidades se vengan a dar de manera más frecuentes”, señaló.

Para ella es de “bastante preocupación” cómo será la aplicación de la nueva Ley de Migración, pues, “el presidente ha pretendido mediante discursos y decretos, tercerizar las responsabilidades en términos de las adversidades económicas que está presentando el Estado costarricense, achacándosela a la migración”.

Las nuevas medidas además se presentan en un contexto de denuncias de graves violaciones de derechos humanos de personas migrantes que laboran en cadenas internacionales presentes en Costa Rica.

“Es bastante preocupante, porque estos discursos resuenan y cuando te lo dice el jefe de Estado eso te pone sobre alerta”, mencionó la activista Zamora.