Familiares de indígenas asesinados exigen justicia

Comunitarios y familiares de las víctimas mortales del ataque de colonos en territorios indígenas en el cerro Kiwakumbaih, del territorio Mayangna Sauni As, en la reserva de biósfera de Bosawas, exigieron al gobierno de Daniel Ortega una investigación imparcial sobre los hechos.

Durante una conferencia de prensa brindada por la organización Prilaka, los comunitarios brindaron sus testimonios y expusieron las realidades en sus territorios.

“Mi hijo estaba en la zona para cubrir sus necesidades porque tiene hijos en la escuela y ahí fue asesinado por colonos”, dijo uno de los comunitarios.

Reyli Jarquin y Ermita Gutiérrez Empa, padres de Keyling Gutiérrez Jarquín, expusieron que su hija dejó a dos menores de edad en la orfandad, uno de dos años y uno de seis meses.

“Hasta ahora sabemos que no hay justicia y estamos solicitando ayuda. Buscamos justicia por lo que pasó y esperamos que el gobierno pueda resolver. Otra petición es que queremos llegar al lugar del ataque para recoger los restos de nuestra hija y darle cristiana sepultura. A todas las personas pendientes de esta problemática les pedimos colaboración y apoyo”, dijo Reyli.

Por su parte, Wilmor Waldam y Alicia Salgado, expusieron que su hijo asesinado es James Waldam Salgado y que este dejó en la orfandad a dos menores de edad.

“Mi hijo buscaba algún ingreso para darle alimentación y estudios a sus hijos, él no andaba robando, sino que trabajando en el Cerro Kiwakumbai y fue asesinado ahí por colonos. Desde el 23 de agosto, cuando mataron a mi hijo, el gobierno no ha hecho mucho, ha capturado a algunos mayangnas pero ha escondido a los colonos responsables. Mi hijo no fue asesinado solo por mayangnas, también por colonos. Tengo un familiar en el lugar de la masacre y me han contado que cuando llegaron iban colonos que lo amarraron (a mi hijo) A mi hijo lo torturaron, le tiraron un balazo en el estómago, luego lo colgaron””, dijo Wilmor Waldam.

Pruebas de la Policía Nacional son inconsistentes ante masacre contra indígenas

Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, explicó en la conferencia que la Policía Nacional omite que doce días antes de la masacre esta fue advertida por los comunitarios indígenas.

“La Policía Nacional omite de manera aberrante que el día 11 de agosto, la delegación policial en Bonanza recibió una denuncia sobre las amenazas que se habían registrado en el cerro kiwakumbai. Los datos reflejan que no se recibió la denuncia de Bercinia Lino Celso y Armando Medina, quien fue asesinado el 23 de agosto. La masacre pudo ser evitada si se hubiera atendido la denuncia del once de agosto”, dijo Ruiz. 

Ruiz señaló que los comunitarios indígenas señalan que la banda que ejecutó la agresión es liderada por Isabel Meneses (Chabelo), sospechoso de la masacre en Alal. No obstante, el ambientalista detalló que en la versión policial no aparece este sospechoso.

“Los principales acusados son familiares de Bercinia Celso Lino quien había interpuesto la denuncia. Extraoficialmente se conoce los sobrevivientes de la masacre han sido amenazados y han sido hostigados para acusar a sus propios familiares”, dijo Ruiz.

También señaló que entre los acusados hay un guardabosques.

“Las víctimas según la Policía son nueve, sin embargo los reportes de las comunidades se debería hablar de doce personas y una treceava que fue encontrada como sobreviviente a la masacre y lo descartamos de la lista de asesinados”, dijo Ruiz. 

Fiscalía arremete contra Ruiz y “estrena” Ley de Ciberdelitos

El Ministerio Público (Fiscalía), acusó y ordenó la detención del ambientalista Amaru Ruiz por propagar noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación que prevé y sanciona el artículo 30 de la Ley 1042, “Ley especial de Ciberdelitos”, aprobada por la Asamblea Nacional en 2020.

“Brindó información falsa de hechos ocurridos en los años 2020 y 2021 en las comunidades de la Costa Caribe Norte, donde indígenas fueron asesinados, expresando el acusado que el Estado y sus instituciones han omitido deliberadamente el deber de investigar estos delitos, lo cual es totalmente falso ya que existe una investigación policial, una acusación fiscal y un proceso judicial contra los criminales que cometieron tales hechos ocurridos en el año 2020. El acusado Amaru Ruiz pretendió crear un clima de inestabilidad e inseguridad que pone en peligro la soberanía nacional”, dice parte del comunicado de la Fiscalía.

El activista y ambientalista reaccionó a la acusación y orden de captura en su contra señalando que esta arremetida lo que demuestra es “que la Fiscalía está actauando contra los que denunciamos violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Nicaragua”.