CIDH exhorta a Ortega a tomar acciones democráticas en los comicios

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó al gobierno de Daniel Ortega a cesar la represión contra disidentes del partido en el poder, a tomar medidas que garanticen la realización de elecciones libres justas y transparentes y expuso su preocupación por las recientes acciones estatales que considera tienen como fin impedir la participación de la oposición en los comicios generales, previstos a realizarse el 7 de noviembre de 2021.

La CIDH alerta que integrantes de organizaciones opositoras y precandidatos presidenciales fueron apresados utilizando leyes penales con contenido ambiguo o que restringen los derechos políticos de la población nicaragüense.

“En este contexto de cierre de las vías de participación de la oposición en las elecciones, el 2 de agosto de 2021, fecha de cierre del plazo para la presentación y registro de personas candidatas a la presidencia y vicepresidencia de la República de Nicaragua, el actual titular del ejecutivo anunció junto con la vicepresidenta la formalización de su candidatura para un cuarto periodo consecutivo al frente del Poder Ejecutivo”, señala el comunicado de la CIDH.

La publicación también menciona la inhabilitación, detención domiciliaria temporal y restricción migratoria de la excandidata a la vicepresidencia por la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL) Berenice Quezada, por supuestamente haber “incitado al odio” en sus declaraciones.

La CIDH expone que la anulación de la personería jurídica por parte del Consejo Supremo Electoral (CSE) de los partidos Restauración Democrática (PRD), Partido Conservador (PC) y Ciudadanos por la Libertad (CxL); la cancelación de la identidad nicaragüense de la presidente de este último Partido Kitty Monterrey, la aprehensión de ex precandidatos presidenciales, disidentes al sandinismo “confirman el quebrantamiento del Estado de Derecho en Nicaragua con base en la concentración del poder en el Ejecutivo y con el progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas en el país, hechos que la Comisión ha venido señalando y condenando de forma sostenida en los últimos años”.

De tal forma, la CIDH alerta que las recientes acciones de persecución por la vía penal contra opositores y aspirantes a cargos públicos violan el derecho a la libertad personal, el principio de legalidad, la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgado por un juez imparcial.

“En virtud de ello, tanto la CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han ordenado al Estado nicaragüense la adopción de medidas cautelares y provisionales para la protección de la vida e integridad de algunas de las personas detenidas. A la fecha, el Estado no ha cumplido con las medidas ordenadas, ni con la liberación de las personas detenidas”, añade el comunicado.

CIDH urge poner fin a la impunidad

La Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento), de mayoría oficialista, aprobó el 3 de febrero de 2021 una reforma al Código Procesal Penal que permite la detención de una persona entre 15 y 90 días mientras se realiza investigación por un presunto delito. Es decir, se establece la detención o privación de libertad para investigar.

Los diputados de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) argumentaron que no es posible investigar a una persona en 48 horas.

“Ese corto plazo choca con la realidad porque la Constitución dice que hay que presentarlo a la orden de la autoridad competente. Pero, la realidad demuestra que no es posible llevar a cabo una investigación técnica y científica cuyo resultado no está en 48 horas”, dijo durante la aprobación de la reforma la diputada  Irma Dávila, integrante de la Comisión de Justicia del Parlamento nicaragüense.

En el caso de la anulación de la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), señalado de ser aliado histórico del FSLN, presentó una impugnación ante el Poder Electoral el viernes 6 de agosto, valiéndose, entre otros, del artículo 47, incisos 13 y 14 de la Ley 331 “Ley Electoral”, que fue incorporado en la reforma aprobada en mayo de 2021 y que fue señalada por la oposición y organismos internacionales de favorecer al régimen sandinista.

El artículo en incisos mencionados detallan: 

“13. No recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público o impedir el funcionamiento regular de los órganos de administración pública

14. No incurrir en actos que menoscaben la independencia, soberanía y autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, demanden la aplicación de sanciones económicas en perjuicio del Estado y pidan intervenciones militares”

Estos artículos van de la mano con la Ley 1055, “Ley de Defensa de los derechos del pueblo a la soberanía, independencia y autodeterminación para la paz”, aprobada en diciembre de 2020 y que ha servido como base para aprehender a 32 opositores hasta la fecha.

“Finalmente, la CIDH urge a Nicaragua a poner fin a la impunidad, y a adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis y el restablecimiento de la institucionalidad democrática por medio del inicio de procesos que promuevan la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de la grave crisis que experimenta el país”, añade el comunicado de la CIDH.