Opositores se preparan para posibles elecciones de 2021

Desde finales de 2020, los activistas, la comunidad internacional y políticos incrementaron su presión al régimen de Daniel Ortega para que se apliquen verdaderas y justas reformas electorales; sin embargo, la dictadura sigue sin ceder a estas exigencias, por el contario a escalado la represión contra la ciudadanía considerada disidente.

Pese a la crisis sociopolítica y la dura situación de los ciudadanos, el año 2021 ha venido cargado de muchas sorpresas, las más recientes fue la campaña que promueven los jóvenes opositores que conforman la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), quienes anunciaron el jueves siete de enero, que participaran de las elecciones generales donde aspiran a cargos de elección popular. Dicho anuncio fue acompañado por una imagen de cada universitario y miembros de la Alianza Cívica, en una cara a cara con Daniel Ortega, como principal rival a vencer en una posible contienda.

Este lunes 11 de enero, la población nicaragüense se despertó con un nuevo anuncio por parte de los opositores; pues el activista y director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro anunció su renuncia porque iniciará su vida política, pese a que no confirmó su candidatura a la presidencia dijo que será parte de las actividades políticas futuras. Dichas declaraciones las realizó en la revista matutina de canal 10.

Ante esta decisión, Chamorro enfatizó en la importancia de que la oposición empiece a perfilar a sus posibles candidatos para que el pueblo se vaya familiarizando con los nuevos líderes.

“Que la gente pueda decir: ´bueno, este tiene esto que me gusta, este otro no me gusta, este tiene estas cualidades, estos defectos´ y así entre más temprano se van mostrando estos liderazgos, más seguros vamos avanzando (…) yo creo que las organizaciones deben de promover a lo máximo posible la participación de rostros, de liderazgos, particularmente, los rostros jóvenes”.

Cambios de identidad

Otros de los avances que se han desarrollado en las últimas semanas han sido los cambios de identidad de algunos movimientos o partidos políticos, lo cuales se espera puedan participar de los procesos electorales de este año pese a las restricciones del régimen Ortega-Murillo.

El primero en realizar cambios y ajustes a su perfil para encajar con la sociedad actual es el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), que busca dejar para la historia el simbólico logo de sombrero con fondo naranja, para ser representados por una nueva y fresca propuesta.

Desde el fin de semana se anunció la IX Convención Nacional del MRS, en la cual este lunes se votó por el cambio de nombre y emblema. Este proceso requiere el voto de los dos tercios de los convencionales presentes.

Luis Blandón integrante de la comisión ejecutiva del MRS resaltó que este proceso de cambios se planteó desde hace varios meses, pues en el movimiento se compone por varias generaciones de jóvenes que no se identifican “con el termino Sandinista”.

“Esta convención busca reinventar al MRS y lo hemos modificado, porque la votación fue hoy. También ratificamos el compromiso por la justicia por unanimidad y también hacemos planteamientos como que el Ejército de Nicaragua debe de desaparecer, somos el primer partido que hacemos planteamientos bastantes fuertes”, detalló Blandón.

El joven activista político destacó que ellos creen en el proceso electoral, siempre y cuando haya justas reformar electorales. Hasta el momento, no han decidido si participaran en las elecciones de este año, pero si lo hacen apuestan por correr de manera unitaria donde representen la “diversidad del país” y lograr la derrota de Ortega.

Coalición prepara plan de gobierno democrático

Otros que aceleran pasos para ser parte de esta carrera electoral son las organizaciones que integran la Coalición Nacional, que a lo interno han dado a conocer la existencia de una propuesta de Aportes Técnicos para un Plan de Gobierno democrático diseñada por un grupo de más de 100 expertos nacionales.

Según la Coalición Nacional, esta  propuesta está basada en cuatro  ejes temáticos de políticas públicas: Políticas económicas en busca de “un desarrollo incluyente y sostenible en el que las oportunidades de trabajo y de ingreso estén abiertas a toda la población, con especial atención en la población que está en condiciones de pobreza”.

La propuesta además, incluye políticas sociales, que permitan garantizar a la población el acceso a la salud, educación de calidad, seguridad alimentaria y seguridad social, con Políticas institucionales,  enfocadas en restablecer la democracia y construir un Estado democrático al servicio de la población a través de la independencia de poderes y el fortalecimiento de las instituciones.

UNAB elegirá a sus candidatos

Desde la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), se espera seleccionar a través de un mecanismo interno a sus candidatos a la presidencia, vicepresidencia, y altos cargos públicos, como diputados.

De acuerdo a Violeta Granera, del consejo político de la UNAB será en  la segunda semana de febrero que se realice este proceso interno. “Estamos ya empadronando a todas las organizaciones, que en resumen serán 2 mil personas que participarán en la elección”, dijo.

Explicó que cada organización, de las 200 que conforman la UNAB, tendrán un padrón de 20 personas, para así sumar las 2 mil habilitadas para votar.

Leyes que inhiben a opositores

Pese a los diversos cambios de las agrupaciones sociales, las campañas y los candidatos políticos que se han autonombrado o que han sido elegidos por sus organizaciones; el régimen de Ortega se ha preparado para obstaculizar la participación de los opositores, pues antes de finalizar el 2020 aprobó la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación de la Paz”, la cual prohíbe que personas que “inciten a la injerencia extranjera” o que “exalten, demanden o aplaudan la imposición de sanciones” no podrán aplicar a cargos públicos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la semana pasada urgió al Estado de Nicaragua la derogación de esta Ley,  ya que considera “serían previsiblemente destinadas a la represión de las voces disidentes en el país”.

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