Fundación del Río lanza campaña virtual por la libertad de asociación en Nicaragua
Durante la campaña que se movilizará por las redes sociales se visibilizará y rescatará todo el trabajo de la organización ambiental en pro del desarrollo, como un valor simbólico frente a la lucha
Con la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, se institucionalizó la violación de los derechos a la libertad de asociación en el país, asegura Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, quien a su vez expresa que esta Ley es una estocada más del régimen contra organizaciones de la sociedad civil, a las mismas empresas, sindicatos, a federaciones y confederaciones.
En ese contexto político, es que Fundación del Río bajo el lema “Nos quitaron la legalidad, pero jamás nuestra dignidad” ha emprendido la campaña virtual por la libertad de asociación en Nicaragua.
Durante la campaña que se movilizará por las redes sociales durante dos meses se visibilizará y rescatará todo el trabajo de la organización ambientalista en pro del desarrollo, como un valor simbólico frente a la lucha que tienen, “porque este régimen no quiere que estas organizaciones sigan existiendo porque obviamente tienen posiciones diferentes, porque están a favor de la protección de los derechos humanos en el país”, dijo Ruiz.
Parte de las acciones de la campaña contempla la presentación de un informe sobre la libertad de asociación en Nicaragua, análisis que se realizará desde que Daniel Ortega asumió el poder.
“Empezar a reconocernos como sujetos y agentes de desarrollo que han permitido la elaboración y ejecución de diversos proyectos en beneficio de las comunidades locales, de las poblaciones más vulnerables”
Fundación del Río en diciembre del 2018 fue despojada de su personería jurídica, junto a otras ocho organizaciones de la sociedad civil, señalada de “promover campañas” y financiar grupos que cometieron “actos para desestabilizar el país” durante las protestas antigubernamentales
El 24 de agosto de 2020, Fundación del Río, denunció que el régimen de Daniel Ortega, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), confiscó seis de sus propiedades de manera “arbitraria y al margen de la ley”.
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