Ley Mordaza remitida a comisiones de la Asamblea Nacional
La Ley Mordaza impone un bozal inmediato a todos los ciudadanos nicaragüenses que se encuentren o no en el territorio nacional, quienes serán criminalizados
La Junta Directiva de la Asamblea Nacional controlada por diputados sandinistas remitió este miércoles 30 de septiembre la Iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos, denominada por medios y periodistas independientes como Ley Mordaza, a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, que en conjunto con otras comisiones realizarán el dictamen de la misma.
La Ley Mordaza tiene como fin, castigar a los periodistas y medios de comunicación independientes, pero también a la ciudadanía en general por los “delitos” que puedan cometer al hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Su alcance es contra todo nicaragüense que se encuentren tanto dentro como fuera del territorio nacional, por lo que se contempla la extradición.
La Iniciativa de Ley establece penas que van de 2 a 10 años de prisión, que según agravante pueden aumentarse hasta un tercio de la pena. También incluye “medidas accesorias” que van entre 200 y 600 días multas.
Ley impone un bozal
En su artículo 30, el anteproyecto ordena una pena de dos a cuatro años de prisión, para “quien, usando las tecnologías de la información y la comunicación, publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella, a una persona o a su familia”.
En un intento más del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por controlar las redes sociales, la ley Mordaza, es considerada por Periodistas y Comunicadores Independientes como una estrategia más de la represión estatal para suprimir las libertades en el país y silenciar las voces disidentes.
De acuerdo a la abogada Martha Patricia Molina, esta ley impone un bozal inmediato a todos los ciudadanos nicaragüenses que se encuentren o no en el territorio nacional, quienes serán criminalizados.
“Es una ley inconstitucional porque vulnera el derecho de opinión, privacidad, propiedad privada, libertad de conciencia y otros (…) es una ley que castiga con prisión a las personas que intercepten cualquier tipo de comunicación escrita que no esté dirigida a él”.
Molina, explica que esta ley faculta la confiscación de todos los aparatos cibernéticos. El juez podrá ordenar a los proveedores de servicios, recolectar, extraer o grabar los datos relativos a un usuario, también realizar intervención o intercepción de las telecomunicaciones en tiempo real.
