Protesta social continúa siendo criminalizada. Al menos 4 opositores fueron arrestados en las últimas horas
Actualmente existe una suspensión de hecho de los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses. El próximo 28 de septiembre se cumplen dos años en que la Policía Nacional criminalizó la protesta social
La amenaza de cárcel sigue siendo una de las formas de represión de la Policía Nacional y el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que trata de intimidar y meter miedo para evitar que la gente salga a las calles a reclamar sus derechos o para expresar su rechazo al gobierno.
En las últimas 24 horas la sancionada Policía Nacional detuvo a unos cuatro miembros de la Alianza Cívica, quienes ejerciendo sus derechos ciudadanos participaban de la acción cívica denominada “Operación Preso 198”, que consistió en pegar carteles con el rostro de Ortega y la leyenda ¡Se va!.
Juana Castellanos, representante de la Alianza Cívica en el municipio de Ocotal fue la primera persona detenida el 08 de septiembre. Su arresto ocurrió frente a su hijo de 7 años de edad.
De acuerdo a su esposo allanaron la vivienda unos 15 hombres vestidos de civil y 4 que se identificaron como policías, quienes ingresaron sin brindar nombres o rangos. Además, les ocuparon dos teléfonos, el de él y de Castellanos.
En la estación policial de Ocotal indicaron que Juana Castellanos sería interrogada, pero tras su declaración se desconoce si la dejarían libre.
Ayer también fue detenido el señor Alcides Díaz, mientras se encontraba en su casa, ubicada en Juigalpa, Chontales. Ahí llegaron los agentes policiales y se lo llevaron.
Las otras dos detenciones ocurrieron también en Chontales. La Alianza Cívica desde sus redes sociales informó que la mañana de este miércoles 09 de septiembre oficiales de policía llegaron a buscar a su casa a la doctora Julia González, al no encontrarla se llevaron capturados a su esposo el doctor Erick Barberena y a su hijo José Barberena González. Al cierre de esta nota conocimos que ambos ya fueron puestos en libertad.
La protesta no es un delito
Eliseo Nuñez, asesor de la Alianza Cívica expresó que estas acciones represivas están tratando de destruir la red que se ha construido, “porque se han percatado que es una red capaz de poner cosas articuladas en el territorio nacional y la dictadura sabe que es parte de su salida”.
Nuñez, además exigió la liberación de los miembros de la estructura de la organización opositora. “Ellos no han cometido ningún delito, la protesta no es un delito…la Policía lo que se ha convertido es la Policía personal de Ortega y lo único que defiende es a la familia Ortega y su riqueza”.
El experto en derechos humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Guillermo Medrano, declaró a República 18 que el régimen sigue violentando los derechos humanos de los nicaragüenses y que en la actualidad existe una suspensión de hecho de los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses.
“Se siguen observando allanamientos de domicilios de ciudadanos críticos del gobierno, sin ninguna orden judicial, lo cual contraviene lo expresado en el artículo 26 de la Constitución”.
Medrano, recordó que la Constitución Política de Nicaragua en su artículo 30 expresa claramente que los nicaragüenses tienen el derecho a expresarse libremente, a expresar su pensamiento ya sea en publico o privado, individual o colectivamente.
El próximo 28 de septiembre se cumplen dos años en que la Policía Nacional extra limitándose en sus funciones y violentando la Constitución criminalizó institucionalmente las protestas sociales.
“Todas estas acciones son contrarias a lo estipulado en los pactos, acuerdos, convenios tanto del Sistema Interamericano como del Sistema Universal de los Derechos Humanos de los cuales en Estado de Nicaragua es signatario y por lo tanto debe cumplirlo”, concluyó Medrano.
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