CIDH: “Organismos civiles en Nicaragua son un ejemplo de como se trabaja en Derechos Humanos”
El trabajo de la sociedad civil en Nicaragua ha podido identificar más de 1.000 casos de presos desde abril de 2018, con un promedio de edad de 31 años.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó durante la presentación virtual del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en el país centroamericano que la sociedad civil de Nicaragua estableció un nuevo modelo de defensa de los derechos humanos en el contexto socio político de gran importancia para la búsqueda de justicia.
El modelo de la sociedad civil nicaragüense consiste en informar, de forma detallada, cada caso de violación de derechos humanos, con evidencias, patrones demográficos y población penal, de una manera tan sólida, ordenada, y sistematizada, que resulta irrefutable.
El trabajo de la sociedad civil en Nicaragua ha podido identificar más de 1.000 casos de presos desde abril de 2018, con un promedio de edad de 31 años, que han estado tras las rejas una media de 222 días, y sin haber sido presentados ante un juez hasta después de 23 días.
El 58 % ha enfrentado procesos judiciales, y de este grupo, el 46 % fue condenado.
89 de las personas capturadas desde abril de 2018, incluidas cuatro mujeres y una mujer trans, permanecían en las cárceles de Nicaragua, mientras que otras 10 ya figuraban como “presos políticos” desde antes de ese año, de acuerdo con las organizaciones.
Entre los que están detenidos, 54 ya fueron condenados, 20 estaban libres y fueron recapturados, uno está preso a pesar de tener orden de libertad, tres no enfrentan ninguna acusación, dos tienen sentencia de casación, y nueve están en celdas de máxima seguridad y aislamiento.
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Alexandro Álvarez, representante del Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (Meseni), adscrito a la CIDH, señaló que el trabajo de la sociedad civil en Nicaragua es de suma importancia.
“Ustedes, a través de este mecanismo, están constituyéndose como un ejemplo para la región de cómo se trabaja en derechos humanos desde la perspectiva de la sociedad civil, y ese es un avance en materia de derechos humanos”, comentó Álvarez.
Además, los reportes de la sociedad civil nicaragüense han permitido identificar patrones y dimensionar lo que ocurre en el país, según Roberto Desogus, Coordinador del Equipo para Nicaragua de la Oficina Regional de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en América Central.
“Yo quiero, en nombre de la CIDH, agradecer eso, celebrarlo y señalar que esto se erige como un factor muy importante para las experiencias que siguen de trabajo con la sociedad civil, no sólo en Nicaragua, sino que en toda la región”, agregó Álvarez.
El 27,5 % de los presos políticos cursaba la universidad, y el 17 % había completado dichos estudios, mientras que un 10,5 % tenía su secundaria completa y un 25,7 % estudiaba en este nivel, según datos recopilados por las organizaciones civiles.
Y aunque algunos ya fueron puestos en libertad, sufren hostigamiento o vigilancia, persecución e intimidación, denuncian los organismos civiles.
