Gobierno de Ortega mantiene 10 presos políticos desde antes de la rebelión de abril

Un Comité especial que trabaja en pro de los derechos humanos constató que Nicaragua tiene oficialmente 10 personas como presos políticos, desde antes de la rebelión de abril 2018, uno de ellos desde el 2011.

Sonia Quintana, es esposa del preso político Wilfredo Balmaceda, encarcelado desde julio del 2014, acusado por coordinar logística de la  masacre de julio, donde cinco  sandinistas resultaron muertos, tras una serie de disparos en el bus que se trasladaban a Matagalpa desde la Plaza La Fe, en el contexto del 35 aniversario de la Revolución Popular Sandinista.

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Para Sonia, la acusación contra su esposo es injusta, pues él desde el 2012 estuvo dedicado a la agricultura.  Su esposo es una víctima más del régimen de Ortega, pues del 2001 al 2015 fue dirigente opositor del municipio de Ciudad Darío, de donde es originario.

En el 2012 fue electo ganador como concejal por el Partido Liberal Independiente (PLI) pero no asumió el cargo, y denunció que el partido ganador (FSLN) había robado las elecciones. Desde entonces se dedicó a la tierra, explicó su esposa.

Primero fueron acusados por otros delitos

Sonia Quintana dijo a República 18 que cuando fueron a buscarlo en su finca, ubicada  en Darío, llegaron con una orden de captura por “robo de ganado”.

“No supimos de él hasta que la Aminta (Aminta Granera, jefa de la Policía Nacional en ese entonces)  lo presentó de ropa uniformada con los demás acusados y dijeron que eran una banda que había atacado la caravana del FSLN, el 19 de julio del 2014”.

A Wilfredo Balmaceda lo condenaron a 133 años de prisión, pero la pena máxima en  Nicaragua es 30 años.

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Al igual que Wilfredo Balmaceda, existen otras 9 personas como presos políticos, entre ellos también está Eddy Antonio Gutierrez Delgadillo, acusado por terrorismo y crimen organizado.

El es de oficio albañil y se dedicaba hacer proyectos para ayudar a una fundación de sacerdotes, según su hermano Carlos Luis Gutiérrez, quien relata que han sido años duros para toda su familia.

“A mi hermano lo acusaron primero de tráfico de drogas, estando en la cárcel, lo cual es insólito porque estuvo en una cárcel de máxima seguridad. Después se presentaron pruebas en el juicio y no se logró nada”.

El Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos antes del contexto de abril 2018; el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos de Nicaragua (GREX) y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + realizaron un proceso de investigación, constatación, documentación y construcción de expedientes individuales.

A través de una conferencia virtual, Ricardo Baltodano, quien pertenece a Grex y fue preso político dijo que desde antes de abril de 2018, el sistema de justicia en Nicaragua ha sido utilizado para criminalizar y judicializar las prostestas sociales, como el caso de los 10 ciudadanos que fuereon detenidos, procesados y condenados de forma injusta por participar en grupos políticos. 

Ellos son Marvin Vargas, Wilfredo Balmaceda Castillo, Walter José Balmaceda, Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Jairo Antonio Delgadillo, Leonel Antonio Poveda, Zacarias Cano, Rosendo Huerta González, José Ricardo Córtez y José Oliver Meza.

Durante el análisis de los casos, se encontró presencia de nexos de detención por ejercicio de derechos fundamentales, en otros casos motivación política de la detención, sin comisión de delito. También en todos los casos se encontraron elementos relacionado con detención prolongada como resultado de motivación política.

Los detenidos fueron trasladados desde sus municipios hasta Managua, donde fueron llevados a las celdas policiales de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocido como El Chipote, permanecieron aislados, sin acceso a familiares, abogados defensores, sometidos a golpes e incluso actos de torturas.

Foto de portada: Infobae.

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