Costa Rica actualiza su normativa de drones para uso agrícola mientras Nicaragua se queda atrás

Productoras agrícolas costarricenses podrán aumentar la productividad, reducir costos y minimizar el impacto ambiental de sus actividades en el campo gracias a una actualización en la normativa de drones firmada por el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, y ministros pertinentes este miércoles, 4 de octubre. La iniciativa es un trabajo conjunto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Dirección General de Aviación Civil de ese país.

“El uso y manejo de drones en la producción agropecuaria costarricense ya es una realidad para todas las personas productoras que deseen implementar esta tecnología en sus fincas como herramientas clave para la agricultura de precisión”, celebró en un comunicado el MAG.

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“Los drones son herramientas que aportan innovación, precisión en las labores del campo facilitando así tareas cotidianas“, destacan las autoridades costarricenses.

Entre los usos que contemplan para la agricultura se encuentran “mapeo aéreo de terrenos y recursos hídricos; monitoreo remoto del crecimiento y sanidad de los cultivos; aplicación ultrafocalizada de agroquímicos e insumos; inventarios precisos de producción y biomasa; identificación temprana de plagas y enfermedades; estimación de rendimientos y planificación de cosechas y el control eficiente de malezas”.

Asimismo, el MAG enumera la facilidad en la “vigilancia y protección de sembradíos, levantamiento de datos topográficos, gestión eficiente del riego, seguimiento de hatos ganaderos, así como la disponibilidad de información en tiempo real para la toma de decisiones“, entre otros, como ventajas de la implementación de estos aparatos.

Nicaragua y los drones

Los drones (del inglés drone, lit. ‘zángano’, en el sentido de ‘abeja macho’, pero en inglés haciendo referencia a un insecto obrero) son aparatos voladores no tripulados teledirigidos equipados con cámaras para ofrecer visibilidad al usuario, con una amplia variedad de funciones.

En 2017, miembros de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), entonces encabezada por el empresario Michael Healy, quien luego acabaría como preso político del régimen sandinista, intentaron en vano que el gobierno sandinista tomase en consideración la aprobación de una normativa parecida para Nicaragua.

“Los (entonces) cuarenta dólares que se pagan por el uso de aviones o helicópteros se puede reducir a menos de un dólar si se introduce esa tecnología”, dijo Healy al diario La Prensa ese año.

En Nicaragua el uso de drones está prohibido “a una elevación mayor de los 100 pies de altura con 30 metros horizontales de desplazamiento”, supuestamente porque “exponen al peligro a la aviación al volverse un obstáculo en el espacio aéreo”, como alega el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC). Se trata de una prohibición impuesta desde el año 2014, hace casi una década, y en la práctica eso ha contribuido al poco conocimiento sobre estas herramientas tecnológicas.

En ese tiempo, la industria de los drones ha ido creciendo internacionalmente y no sólo en el sector agrícola. Países como Japón y China los implementan para su industria agrícola, mapeando terreno y fuentes hídricas así como dispersando pesticidas, entre otros usos.

Los drones también han ganado fama como instrumentos de producción audiovisual, periodismo, búsqueda y rescate de personas en zonas de riesgo, lucha contra incendios, mantenimiento de infraestructura, topografía y geografía, e incluso entregas a domicilio, entre otros usos.

Incluso, países como Estados Unidos los utilizan drones especializados como parte de su arsenal militar.

Uso a pesar de la prohibición

A pesar de la prohibición, el uso de drones sí existe en Nicaragua. Durante el ciclo de protestas de 2018, drones fueron utilizados para obtener tomas de algunas protestas contra la violencia del régimen sandinista, tanto por medios de comunicación como por aficionados a estos aparatos.

Asimismo, en el punto más alto de la crisis, cuando el país estaba paralizado por las barricadas de los manifestantes, hubo reportes de misteriosos objetos sobrevolando los ‘tranques’, presuntamente como método de espionaje.

Medios oficialistas a menudo hacen uso de los drones para obtener tomas aéreas de actividades gubernamentales sin pronunciarse estos jamás ante el hecho de la prohibición.

La empresa Xinwei, propiedad del enigmático empresario chino Wang Jing, ligado al régimen sandinista, fue la única entidad autorizada para vender modelos primitivos de estos aparatos a través de Coomarts, propiedad de la empresa Cootel, subsidiaria de Xinwei que ofrece servicios de internet y telefonía.

Pero aunque limitados en comparación a otros modelos, los drones de Xinwei violan las especificaciones de la prohibición de 2014, puesto que tienen capacidad de volar por encima de los 150 metros.

A pesar de esto, las autoridades no hacen cumplir su propia legislación y, más bien, han implementado una política de decomiso a cualquier extranjero que intentase ingresar al país con los aparatos, creando un monopolio en el mercado de estos aparatos que están fuera del alcance de la mayoría.

Otros países que prohíben de un modo u otro el uso de drones, con distintas justificaciones, son Cuba, Irán, Egipto, Siria (en guerra) y Corea del Norte, entre otros. En total, cerca de 21 naciones restringen el uso de estos aparatos.