Policías nicas podrán ser encarcelados por desertar a la institución
Con la reforma y adicciones de artículos a la Ley 872 de la Policía Nacional el oficial que abandone el servicio “será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión”
Los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua —dominada por funcionarios orteguistas— reformaran por órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo el artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua que establece el marco legal de la Policía Nacional. Con la reforma se eliminaría el principio de una “institución profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante”. También pretenden reformar y adicionar nuevos artículos a la Ley 872 de la Policía Nacional con el que los oficiales podrán ser encarcelados por desertar a la institución.
Con la reforma prevista el artículo 97 quedará establecido: “La Policía Nacional es un cuerpo armado, subordinado al Presidente de la República encargado de proteger la vida de los habitantes del país, preservar el orden social y el orden interno, garantizar la seguridad de las personas y las instituciones, velar por el respeto de los bienes nacionales, sociales y particulares, ejercer la prevención, persecución, e investigación del delito y prestar el auxilio necesario a las autoridades civiles y judiciales para el cumplimiento de la Ley y el desempeño de sus funcione”.
Añade que “la Policia Nacional depende de la autoridad ejercida por el Presidente de la República, en su carácter de Jefe Supremo y en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia. En el cumplimiento de sus funciones la Policía Nacional se basa en el protagonismo de las personas, la familia y la comunidad. La organización interna de la Policía Nacional se fundamenta en la jerarquía única y en la disciplina de sus mandos y personal”.
La ley de reforma al artículo 97 de la Constitución Política fue presentada el 3 de julio por los diputados y diputadas de la Bancada Alianza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) encabezada por Gustavo Porras Cortés, Edwin Castro Rivera, Gladis de los Angeles Báez., LoriaRaquel Dixon Brautigam, Filiberto Jacinto Rodríguez López, y otros.
Cárcel para policías desertores
En total la iniciativa de Ley pretende realizar reformas al artículo 1, 64 y 65 de la Ley 872, o Ley de Organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional, pero también incluye adicciones de tres nuevos artículos antes del 64 los cuales son: Delitos cometidos por el personal policial, incumplimiento de deberes y deserción.
En cuanto a los tres artículos el primero Delitos cometidos por el personal policial establece que “el personal policial le serán aplicado los delitos contemplados en esta Ley, sin perjuicio de los establecidos en la Ley N°. 641, Código Penal”.
Y el siguiente, Incumplimiento de deberes indica que “el personal policial que sin causa justificada desobedezca las órdenes de sus superiores, en perjuicio de la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión”.
El último artículo establece que “el personal policial que abandone el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión”.
Institucionalización del Estado policial
Elvira Cuadra, socióloga y experta en temas de seguridad, reaccionó al anunció de las reformas que serán debatidas el miércoles 5 de junio en la Asamblea Nacional.
“Cambian la naturaleza de la institución y hacen adicciones en el caso de medidas disciplinarias y sanciones a los efectivos de la Policía Nacional. Estas iniciativas de reformas se enmarcan en el concepto de la institucionalización del Estado policial que tiene dos vertientes, la primera un cambio en el marco jurídico del país en función de legalizar una serie de medidas y políticas de seguridad de naturaleza represiva y de vigilancia sobre toda la sociedad nicaragüense”, indicó Cuadra.
Advirtió que el dejar a la Policía como institución como un cuerpo armado que dice que es un “aparato con forma de organización, función y estructura distinta, por otro lado le da subordinación directa, a la figura de la Presidencia, y se hace un lado al modelo proactivo y, comunitario”.
