Arrebato de nacionalidad a presos políticos es “completamente arbitraria e inaplicable”, denuncian defensores

A la vez que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenará la excarcelación y destierro hacia Estados Unidos de 222 personas presas políticas bajo la figura de “sentencia por deportación”, casi de manera inmediata, la Asamblea Nacional de Nicaragua con mayoría sandinista inició un proceso para reformar el Artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua, que se refiere a la regulación de la nacionalidad.

“Las personas sentenciadas al tenor de lo dispuesto en la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 237 del 22 de diciembre de 2020, perderán la nacionalidad nicaragüense”, dicta la reforma aprobada de forma expedita con 85 votos a favor.

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Solo nacionalidades adquiridas pueden ser suspendidas

Defensores y organizaciones de derechos humanos refieren que “la Constitución Política no representa ningún tipo de límite para el régimen de Ortega”, por ello, no les sorprende el proceso “urgente” llevado por la Asamblea Nacional para arrebatar la nacionalidad a los excarcelados políticos.

Para la defensora de derechos humanos, Wendy Flores, el proceso llevado por el régimen es completamente inconstitucional y violatorio de los derechos humanos y agrega que el proceso de “urgencia” llevado por el régimen para despojar a los excarcelados políticos de sus derechos constitucionales es un proceso “antojadizo” y “acorde a los intereses de la dictadura”.

“La Constitución dice que los nicaragüenses no perdemos la nacionalidad, no se nos puede quitar así. Hay procesos de pérdida de nacionalidad, pero esos son por ejemplo, para las nacionalidades adquiridas. Somos nicaragüenses y vamos a seguir siendo nicaragüenses a pesar de las acciones represivas que adopte el régimen a través de la Asamblea Nacional”, agregó.

Proceso de “extinción de nacionalidad no es aplicable”

Para el abogado, Danny Ramírez-Ayérdiz, del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) el proceso de la “extinción de la nacionalidad” que pretende el régimen contra el grupo de 222 excarcelados políticos “no es aplicable”.

“Esa reforma constitucional es, sobre todo, arbitraria e inaplicable. Y en sí misma inconstitucional, porque tiene un error de procedimiento y cuál es el error de procedimiento, es inconsulta”, señaló el abogado.

Ramírez-Ayérdiz además explica que los excarcelados al momento de ser expulsados del país, fueron “implícitamente indultados por el Estado de Nicaragua” y por consiguiente ya no podrían recibir otra condena. “Ellos fueron liberados y la discusión de la reforma constitucional se produjo tres horas después, lo que quiere decir, como dice la Constitución, que ninguna pena puede ser impuesta de manera retroactiva”.

De igual manera, el abogado asegura que tampoco “es suficiente que la Constitución ahora diga que los traidores de la patria ahora van a perder su nacionalidad”, si no que debe estar desarrollada una nueva ley para que esta pueda ser aplicable. “Ese delito solo puede ser impuesto a través de una ley, no puede ser aprobado a través de una conferencia”.

Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que las personas liberadas de la custodia de Nicaragua incluyen líderes políticos y empresariales, periodistas, representantes de la sociedad civil y estudiantes. Tras la liberación de estas personas de Nicaragua, Estados Unidos facilitó su transporte seguro al Aeropuerto Internacional de Dulles. Las personas llegaron este mismo jueves a Estados Unidos y la administración Biden está brindando apoyo médico y legal para facilitar su llegada.