Dictadura lleva a audiencia inicial a monseñor Rolando Álvarez, el primer alto jerarca católico en ser judicializado en Nicaragua

La dictadura de Daniel Ortega, mediante la manipulación y control de la justicia nicaragüense, llevará a cabo este martes la audiencia inicial en contra de monseñor Rolando Álvarez en los Juzgados de Managua, en un proceso que abogados y defensores de derechos humanos catalogan como “ilegal y arbitrario”.

Álvarez fue detenido violentamente y sin orden judicial la madrugada del pasado 19 de agosto de 2022, luego de pasar varias semanas secuestrado dentro de la Curia Episcopal de Matagalpa, junto a varios seminaristas y religiosos que también fueron secuestrados por los agentes policiales.

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Monseñor Álvarez, quien es miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, fue acusado el pasado 13 de diciembre por la Fiscalía orteguista de conspirar “para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”. La comunidad internacional ha condenado estos señalamientos contra el obispo.

“Es un plan perverso de la dictadura”

La abogada penalista Martha Patricia Molina explica que según el Código Procesal Penal de Nicaragua, la finalidad de la audiencia inicial es determinar si existe causa para proceder a juicio y, de esta manera, empezar el procedimiento para el intercambio de información sobre pruebas, revisar las medidas cautelares que se hayan aplicado y determinar los actos procesales que tomarán lugar de previo al juicio.

Sin embargo, Molina señala que este proceso es nulo de principio a fin porque no se han respetado las garantías del debido proceso. “Se le están vulnerando todos sus derechos humanos. Su detención no fue apegada a derecho sino un secuestro, un delito cometido por la Policía”, detalló la especialista.

A criterio de Molina, la realización de la audiencia inicial en esta fecha “no es casualidad”. “Todo es un plan perverso de la dictadura para enviar un mensaje claro a la población y a la comunidad internacional, donde Ortega demuestra que no le importa la democracia, sino la instauración de una dictadura dinástica”.

Rechazan proceso judicial contra el obispo

Diferentes organizaciones de derechos humanos han señalado que el proceso judicial llevado en contra de monseñor Rolando Álvarez es violatorio de todo proceso y responsabilizan al régimen por los tratos inhumanos que el obispo ha recibido.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) exigió, a través de su cuenta de Twitter, que “se declare sin lugar” la “arbitraria acusación” contra monseñor Álvarez y sea liberado de inmediato.

Por su parte, el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh) califica el proceso contra el jerarca católico como un ataque estatal, “arbitrario” y violatorio de los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por el Estado de Nicaragua.

“Las leyes penales en las que se basa el Poder Judicial para juzgarlo son vagas e imprecisas en su redacción y son inconstitucionales porque quiebran el principio de presunción de inocencia”, puntualizó Calidh.

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El proceso penal contra monseñor Rolando Álvarez, según Calidh, es parte del patrón sistemático de ataques contra la libertad religiosa, de asociación y expresión de la Iglesia Católica en Nicaragua.

Desde 2018, la Iglesia Católica de Nicaragua ha sido víctima de ataques del régimen sandinista. A tal punto que el nuncio apostólico y embajador de El Vaticano en el país, Waldemar Sommertag, fue expulsado de territorio nicaragüense, al igual que las Hermanas de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta. También provocó el exilio de otros 11 religiosos.

En el país también existe alrededor de 235 personas encarceladas por razones políticas, al menos ocho de ellos son miembros de la Iglesia Católica y Álvarez, el de mayor alto rango eclesiástico, es miembro de la Conferencia Episcopal.