Régimen niega la entrada al país a Anexa Cunningham, defensora de pueblos indígenas

Cunningham se suma a una lista de nicaragüenses a los que el régimen les ha negado la entrada a su propio país como el sacerdote Guillermo Blandón y el vicerrector de la UCA, Jorge Huete Pérez

  • 10:36 pm
  • Sep 28, 2022
República 18

La defensora de pueblos indígenas y afrodescendientes Anexa Alfred Cunningham, “no ha podido regresar a Nicaragua”, denunció este miércoles 28 de agosto, Federico Villegas, Presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien interrumpió la sesión de la Asamblea General para visibilizar el atropello del régimen sandinista.

Cunningham es una abogada nicaragüense de origen miskito, que forma parte del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

Represalias contra representante de Mecanismo de Expertos

Cunningham habría sido representante del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para el período 2022-2025.

La abogada costeña es integrante del Mecanismo que coordina la situación de los pueblos indígenas en Centroamérica, Suramérica y el Caribe.

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Cunningham se suma a una lista de nicaragüenses a los que el régimen les ha negado la entrada a su propio país como el sacerdote Guillermo Blandón, el vicerrector de la Universidad Centroamericana (UCA), Jorge Huete Pérez, la periodista Tifani Roberts y la feminista María Teresa Blandón, entre otros.

De igual manera, el régimen de Ortega ha negado la entrada al país a expertos internacionales como la antropóloga, Irma Alicia Velásquez y el catedrático costarricense, Carlos Sandoval. 

Cunningham además se encuentra en Estados Unidos como participante de la 77 Asamblea General de la ONU, donde varias delegaciones de nicaragüenses han denunciado las violaciones de derechos humanos en el país.

El gobierno de Nicaragua es considerado como un régimen autoritario por las democracias de la región, puesto que mantiene a 205 personas como presas políticas y es responsable del asesinato de unos 355 manifestantes, según organismos internacionales.