UE amplía sanciones a funcionarios nicaragüenses
El Consejo de la UE aplicó las sanciones en octubre de 2019 a 14 funcionarios que considera implicados en el socavamiento del Estado de Derecho y extenderá su vigencia hasta octubre de 2022.
La Unión Europea extendió por un año más las sanciones aplicadas a funcionarios y empresas nicaragüenses ligadas al gobierno del presidente Daniel Ortega, por considerar que se encuentran involucrados en el deterioro de la democracia en el país centroamericano.
“El gobierno nicaragüense ha intensificado la represión, ilegalizando a los partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil, así como encarcelando a opositores políticos, los medios de comunicación y la sociedad civil, sin respetar el debido proceso. De esta forma, el Gobierno liderado por el presidente Ortega y la vicepresidente Murillo, ha eliminado la posibilidad de una competencia electoral seria en las urnas el siete de noviembre de 2021, privando así a los ciudadanos de Nicaragua de su derecho soberano a elegir libremente a sus representantes”, dice parte del comunicado de la UE.
El Consejo de la UE aplicó las sanciones en octubre de 2019 a catorce ciudadanos que considera implicados en el socavamiento del Estado de Derecho de Nicaragua y se extenderá su vigencia hasta el 15 de octubre de 2022.
Las sanciones implican el congelamiento de activos y el no poder acceder a fondos o viajes en la UE.
Según la UE, ante el llamado de la comunidad internacional de poner fin a la represión a opositores, medios de comunicación , sociedad civil y defensores de derechos humanos, el gobierno nicaragüense ha respondido de forma adversa.
“Se ha acelerado la represión, prohibiendo partidos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil y encarcelando a opositores políticos, académicos, periodistas y ciudadanos sin el debido proceso judicial”.
Las sanciones se extienden a:
Rosario Murillo, vicepresidente de Nicaragua y Primera Dama.
Bayardo Arce, asesor presidencial en temas económicos
Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial
Alba Luz Ramos, presidente de la Corte Suprema de Justicia
Ana Julia Guido, Fiscal General de Nicaragua.
Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional
Francisco Díaz, director de la Policía Nacional
Juan Valle Valle, jefe de la Dirección Brigada de Tránsito Managua
Fidel Domínguez, Comisionado de la Policía de León
Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial
Justo Pastor Urbina, director de Operaciones Especiales de la Policía
Ramón Avellan, subdirector de la Policía Nacional
Sonia Castro, exministra de salud
Néstor Moncada Lau, colaborador de la familia presidencial en temas de seguridad
Por su parte, la vicepresidente nicaraguense ha señalado anteriormente, que las sanciones impuestas por la comunidad internacional son agresiones que perjudican a los nicaragüenses.
“Le llaman sanciones pero son agresiones, porque quién ha facultado a alguien para establecer ese castigo (…), cuando agreden porque los pueblos son valientes”, dijo Murillo el pasado 25 de agosto.
Las sanciones impuestas con anterioridad por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea a más de 20 funcionarios del régimen han sido consideradas por Daniel Ortega como agresiones a la soberanía nacional. «Piensan que con sanciones van a doblegar a Nicaragua», ha increpado el dictador.
Sin embargo, recientemente catorce senadores de Estados Unidos, solicitaron al presidente estadounidense Joe Biden, a través del Secretario Anthony Blinken, que incremente las sanciones al gobierno del mandatario nicaragüense Daniel Ortega Saavedra y a mandos militares del Ejército de Nicaragua.
