Recapturan a excarcelado político en Jinotepe
Hasta el momento sus familiares no están claros de los motivos de su detención porque los oficiales no dieron detalles del por qué se lo llevaban.
El mediodía del 14 de abril, agentes de la sancionada Policía Nacional detuvieron al excarcelado político Antonio Ismael Álvarez García, sin dar una explicación del motivo de su recaptura y sin permitir que sus familiares puedan conocer el estado en el que se encuentra.
Álvarez fue detenido por primera vez el 16 de agosto de 2018. Antes había recibido un disparo en la espalda el 15 de julio, mientras se daba la Operación Limpieza en la zona de Diriamba; inmediatamente, fue trasladado a un hospital, con el objetivo de que no cayera en manos de paramilitares.
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En una entrevista realizada por la abuela materna, a organismos de derechos humanos, aseguró que Álvarez estuvo fuera de casa tres semanas luego de haber sido herido, que regresó a su vivienda porque los oficiales les aseguraron que no iban a seguir a los jóvenes que habían participado del levantamiento cívico; sin embargo, fue mentira. Cuando lo capturaron fue torturado, le tiraron agua en los pies con cables eléctricos; estos hechos sucedieron en la cárcel móvil que se había colocado en el parque de Diriamba que a los pocos días fue trasladada a Jinotepe.
Luego de todo ese proceso, fue sentenciado a 22 años de cárcel por cargos de secuestro simple, crimen organizado, entorpecimiento del servicio público (transporte) y tortura. Actualmente, se encuentra nuevamente detenido y sus familiares temen por su integridad.
Su abogada defensora María Oviedo, explicó a República 18, que desde la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) están haciendo las gestiones necesarias para conocer el motivo de la detención del excarcelado político, pese a que lo único que saben sus familiares es que lo van a culpar por un supuesto robo, el cual desconocen.
“Como CPDH nosotros ya recepcionamos la denuncia de la familia del detenido y vamos a hacer acto de presencia en la delegación para indagar sobre las causas de detención y garantizar que se le respete el derecho al debido proceso. En eso andamos, ahorita en la tarde vamos a hacer presencia en el distrito”.
Hasta la fecha, los organismos y activistas han informado que la dictadura de Daniel Ortega mantiene 123 personas detenidas en los sistemas penitenciarios del país por participar en protestas o actividades cívicas. Muchos de los familiares han denunciado violencia, tortura y agresiones contra los reos de conciencia; sin embargo, el régimen alega que fueron detenidos por supuestos “delitos comunes” y que se encuentran en buenas condiciones, detalles que sus madres rechazan.
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