Nicaragua retrocede medio siglo en derechos humanos con aprobación de cadena perpetua

Tras la reciente aprobación de la Ley de Cadena Perpetua, en la cual reformaron el Artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua, los analistas políticos, estudiosos, defensores de derechos humanos y organismos internacionales manifestaron su preocupación por el retroceso en temas de derechos humanos y en el Sistema Penal del país.

Luego de  haber sido aprobada con 70 votos a favor, en menos de 24 horas el régimen de Daniel Ortega ordenó urgente la reforma al Código Penal y a la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia a las Mujeres; en la que establecen que los delitos que sean considerados graves y que se deba de aplicar cadena perpetua, no prescribirán; esto quiere decir, que serán juzgados en cualquier momento.

Pese a los llamamientos de la comunidad internacional y de los ciudadanos nicaragüenses de no aprobar esta Ley, el régimen hizo caso omiso para imponer su mandato. Para el exembajador y analista político Bosco Matamoros la filosofía del derecho penal está evolucionando en el sistema internacional, en la que buscan la reinserción de los individuos y menos aplicación de cadena perpetua.

“Cada vez menos condena a cadena perpetua; lo que esto revela es la enorme deficiencia del Sistema Penal nicaragüense y de la sociedad nicaragüense. Aquí estamos como en el siglo XVIII; es decir regresando a una sociedad primitiva donde prima la violencia”.

Ley intimidatoria contra opositores

De igual manera, Matamoros destacó que el régimen de Daniel Ortega espera que la filosofía de esta ley sea orientada a procesar a los que su partido señala como “los golpistas”.

Ante estos hechos, el analista político y catedrático Eduardo Solórzano destacó que esta decisión preocupa a todos los sectores del país porque el objetivo es intimidar o silenciar las voces opositoras.

“Tienen un propósito de silenciar e intimidar o criminalizar cualquier voz o pensamiento diferente, esto no ayuda para el año electoral a promover un estado de derecho, ni siquiera a hacer una candidatura, marcha o contienda electoral que permita la expresión del sufragio universal”.

Por su parte, la defensora de derecho humanos y exiliada Haydé Castillo ve las reformas con trámite de urgencia al Código Penal y a la Ley 779, como un acto de venganza contra los opositores, pues “en vez de enfocarse en la prevención de delitos, el régimen se está enfocando en castigos. Pero aquí hay que ir mucho más allá, porque está claro que este régimen nunca ha protegido la vida de las mujeres, de las niñas, porque este Estado se ha caracterizado en un retroceso total en los derechos de la niñez, en las comisarias de la mujer, el retroceso en los enfoques de género…”.

Castillo enfatizó que esta ley hace retroceder a Nicaragua casi medio siglo en temas de derechos humanos para instalar el absolutismo.

Organismos nacionales e internacionales se pronuncian

Al conocer la decisión del régimen de Daniel Ortega, de aprobar una ley para castigar los crímenes que consideren “de odio”, el relator de los derechos de las personas privadas de libertad y combate a la tortura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Edgar Stuardo Ralón, expresó que la entrada en vigencia de esta ley es una degradación del sistema de justicia en la país, por lo que desde el organismo internacional ven con preocupación esta nueva estrategia del régimen sandinista.

Según Ralón, las reformas a la Carta Magna se deben hacer en un contexto de democracia, amplio debate y cuando se respete la institucionalidad. Destacó que este no es el mejor momento debido a la crisis de derechos humanos en Nicaragua.

Por su parte, el Centro nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) emitió una alerta de condena y rechazo a la aprobación de esta ley creada por la dictadura; pues señaló que están desesperados por legalizar la represión e intimidar a los opositores. También, hicieron un llamado a los ciudadanos a no desistir de sus sueños de libertad y que sigan luchando por la democratización del país.

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