Tres femicidios en menos de 24 horas en diferentes partes de Nicaragua
De los tres femicidios en las últimas horas, no hay ningún detenido, aunque en el caso de Ayapal se tiene como sospechoso a William Zeledón Rodríguez, quien continúa prófugo
Isolda Cáceres, de 35 años es la tercera mujer asesinada en menos de 24 horas en Nicaragua. Su cuerpo fue encontrado la mañana de este viernes 18 de septiembre en su casa de habitación, ubicada en el barrio Los Rieles, Distrito VI de la ciudad capital Managua.
Se desconoce las circunstancias en que Cáceres fue privada de la vida.
Ayer 17 de septiembre, otras dos mujeres fueron asesinadas de manera violenta. Primero se conoció del abuso sexual y femicidio en contra de la joven Elisa Flores Rivera de 22 años, con siete meses de gestación, crimen ocurrido durante la madrugada del jueves en Ayapal, micro región del municipio de San José de Bocay, del departamento de Jinotega.
La tarde del mismo jueves se reportó una nueva víctima de la ola de femicidios. La mujer fue identificada como Erlinda García de 45 años de edad. El crimen ocurrió en Nueva Guinea, jurisdicción de la Costa Caribe Sur de Nicaragua.
Reportes locales indican que desconocidos entraron al negocio de Erlinda y la mataron a machetazos.
De los tres femicidios en las últimas horas, no hay ningún detenido. En el caso del femicidio en Ayapal la Policía Nacional a través de nota informativa dijo que tienen como sospechoso a William Zeledón Rodríguez y que “continúa la búsqueda y captura del delincuente prófugo”
De acuerdo a Católicas por el derecho a decidir, con los asesinatos de Elisa, Erlinda e Isolda, suman 57 femicidios ocurrido en Nicaragua entre enero y septiembre del presente año.
Desprotección estatal e impunidad agrava violencia contra las mujeres
La Red de Mujeres contra la Violencia, mediante un pronunciamiento señala que la ola de violencia generalizada y sobre todo los últimos femicidios cada día más atroces, reflejan el alto grado de vulnerabilidad, desprotección y misoginia “al que nos encontramos expuestas día a día niñas, adolescentes y mujeres en Nicaragua”.
Ante esta situación agravada, la Red de Mujeres contra la Violencia responsabiliza al Estado por la impunidad y por no aplicar la ley 779, Ley Integral contra la violencia y más bien promover la liberación de reos comunes condenados por delitos graves, “lo que trae como consecuencia dolor, inseguridad y desconfianza total en el sistema judicial”.
Para Sandra Arceda, del Colectivo 8 de Marzo del municipio de Esquipulas, Matagalpa el Estado es quien está motivando los actos de violencia porque no respeta los derechos de los ciudadanos, lo que da una pauta a los hombres para actuar de la misma manera.
La activista y defensora María Teresa Blandón recordó que el régimen impuso a las víctimas la mediación, que en la mayoría de los casos derivo en impunidad. “Las víctimas obligadas a disculpar, a perdonar a sus agresores por mandato Estatal, hay casos documentados en que las víctimas obligadas a mediar luego fueron asesinadas”, denuncia.
Blandón, también recuerda que el régimen de Ortega y Murillo había desmontado la ruta institucional para que las víctimas pudieran acceder a la justicia, habían clausurado las Comisarías de la Mujer y la Niñez; además habían superpuesto un reglamento a la Ley 779, vulnerando la naturaleza de la propia ley, destacó la activista.
A partir del estallido de la crisis socio política de abril 2018, la situación de violencia contra las mujeres se volvió una práctica común, porque como han documentado organismo de Derechos Humanos, incluyendo el Tribunal de Conciencia que sesionó en Costa Rica recientemente, el propio Estado no solo es cómplice por omisión y por generar la impunidad, sino que también es perpetrador de la violencia contra las mujeres, puesto que hay policías y paramilitares que utilizaron la violación como un método de tortura y represión, concluyó Blandón.
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